La Comisión Europea considera que la demora de España en ejercer acciones penales ante el supuesto fraude en la obra de ampliación de El Musel facilita que queden impunes los supuestos delitos que se desprenden, indiciariamente, de la investigación efectuada por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). Para Bruselas, esa demora dificulta la prueba de los supuestos delitos y facilita su prescripción. Éste es uno de los motivos que ha llevado a la UE a retirar la totalidad de la subvención a la obra de ampliación de El Musel, 247,5 millones de euros, dado que la interposición de una querella o denuncia es la única vía para "realizar de manera eficaz el control financiero" de la obra. Un control exhaustivo que ha sido imposible ante la negativa de la unión de empresas que ejecutó los trabajos, Dique Torres (Dradagos, Drace, Sato, FCC y Alvargonzález Contratas), a facilitar su contabilidad interna a la OLAF.
En la carta remitida el pasado viernes por la Comisión a Hacienda, se reprocha a España que "no ha hecho lo suficiente para comprobar la irregularidad denunciada por la OLAF y recuperar la cantidad perdida".
El informe final de la OLAF aludía a una serie de irregularidades y/o fraude supuestamente cometidos por la Autoridad Portuaria o por Dique Torres en connivencia con la Autoridad Portuaria. Supuestas irregularidades en la contratación de la obra, elevación del precio pagado a Dique Torres por los materiales cuando ésta obtenía sin contraprestación económica directa gran parte de la piedra y rellenos usados en la ampliación y supuesta falta de control en la cantidad de materiales empleados son sólo algunas de las pinceladas del informe que elaboró la OLAF sobre una obra por la que el Puerto ha pagado 710 millones de euros y pendiente de una reclamación judicial por parte de Dique Torres de otros 350 millones.
El informe de la OLAF ha sido analizado por el departamento penal de la Abogacía General del Estado, que emitió un informe al respecto, en el que señala que "los hechos descritos en el informe de la OLAF, de ser ciertos, deberían de ser calificados como delito", añadiendo que las posibles calificaciones delictivas podrían ir de la malversación de caudales públicos a la estafa agravada, en concurrencia con el delito de falsedad en documento público.
Pese a "esta constatación", el Gobierno informó en junio pasado a la Comisión Europea de que "si transcurrido un tiempo prudencial, y en todo caso antes de que pueda acaecer la prescripción de los posibles delitos, la Fiscalía no hubiera ejercitado la acción penal, lo hará la Administración por conducto de la Abogacía del Estado".
Esta respuesta demuestra, en opinión de la Comisión Europea, la pasividad del Estado. La carta en la que la UE exige la devolución a El Musel de los 198 millones de euros que pagó para la ampliación y anuncia que cancela el pago de los 49,5 pendientes, es clara en este sentido y dice:
"Los servicios de la Comisión estiman que el Estado miembro, ante indicios de graves irregularidades y/o fraude, demora la acción penal a la espera de la eventual presentación de una querella criminal o denuncia por la Fiscalía Anticorrupción. Los servicios de la Comisión no advierten razones que expliquen dicha demora, que podría dificultar la prueba del presunto delito y facilitar su eventual prescripción, como reconoce explícitamente la propia Abogacía del Estado".
Para la Comisión Europea esta pasividad del Estado es especialmente importante "vista la gravedad de los presuntos delitos y el importe implicado".
