El Gobierno español "recurrirá" la decisión de la Comisión Europea de exigir la devolución de los 198 millones de euros de Fondos de Cohesión que había abonado a El Musel para las obras de ampliación y cancelar la entrega de los 49,5 millones que tenía pendiente de pago después de que la oficina antifraude europea (OLAF), emitiera un informe en el que hablaba de supuestos fraudes e irregularidades en la contratación y en la ejecución de las obras de ampliación, así como de supuesta falta de control de las mismas. Así lo afirmó ayer el Presidente de Puertos del Estado, José Llorca, quien a su vez adelantó que promoverá en unos días "una reunión" con el Ministerio de Hacienda, competente en la materia, para "perfilar" dicho recurso.
Durante una visita que efectuó ayer al Cedex, donde se están realizando estudios sobre la arena de playa de San Lorenzo, Llorca afirmó que "el estado español, como no puede ser de otra forma, va a defender el no retorno de los fondos y estamos trabajando jurídicamente en ello". El Presidente de Puertos del Estado reconocía que "la última carta de la Unión Europea era esperada porque es difícil que la Comisión Europea se posicione, en primera instancia, en contra de un informe de la OLAF, pero vamos a recurrir y para ello estamos en contacto con la oficina de la Dirección de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda, que es el competente a estos efectos, y reforzaremos todos los aspectos jurídicos necesarios para seguir defendiendo que no haya que devolver los fondos para El Musel".
Como explicó el Presidente de Puertos del Estado, "el recurso lo tiene que presentar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ante el mismo organismo que nos ha exigido la devolución, la Dirección General de la Competencia, y estamos esperando que desde el Ministerio de Hacienda se nos envíe la comunicación oficial de la exigencia europea y acto seguido convocaré una reunión con Hacienda para tratar toda la estrategia de defensa y de presentación del recurso para no tener que retornar los fondos, para lo que tenemos un plazo de dos meses".
Eso sí, Llorca advirtió de que el recurso "es independiente que se depuren las responsabilidades a los gestores portuarios o de las empresas adjudicatarias por los efectos causados", pero "las obras se han hecho y hay elementos para defender jurídicamente la no devolución de los fondos". En este sentido "somos optimistas, tenemos que serlo... Por las consecuencias que tendría" tener que devolver las ayudas.
El responsable del organismo estatal dependiente del Ministerio de Fomento apuntó que "tenemos el tema bastantes estudiado y pensamos que lo que señala la UE no es un condicionante jurídico para la devolución de los fondos". Puertos del Estado considera además "que el punto final del informe de la UE es un tema ya depurado y que es, básicamente, la corrección de precios en la cantera de Aboño posteriormente a la adjudicación de las obras".
Sobre los perjuicios para el puerto gijonés si finalmente hubiera que devolver la totalidad de las subvenciones percibidas del Fondo de Cohesión de la UE, José Llorca insinuó que Puertos del Estado no dejará sólo a El Musel: "Los puertos se mueven en el ámbito de la autosuficiencia económica, pero el estado ha demostrado que cuando ha habido que generar ayudas económicas para el puerto así se ha hecho. Cuando la Unión Europea no aprobó el modificado de las obras se dio un préstamo a la Autoridad Portuaria. Los puestos se mueven en la autosuficiencia económica pero la legislación portuaria tiene mecanismos para colaborar al sostenimiento del puerto dada la importancia económica que tiene éste para la economía regional", indicó, agregando a continuación que "nosotros seguimos trabajando en estos temas y el Puerto tiene que seguir trabajando, generando nuevos recursos, nuevos tráficos y seguir saneándose, dado que es uno de los puertos de interés general".
