La Junta General del Principado registró ayer un duro enfrentamiento entre la Consejera de Fomento del Principado, Belén Fernández y el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons en torno a las responsabilidad por la probable pérdida de 247,5 millones de euros de subvenciones europeas para la obra de ampliación de El Musel tras el informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) que habla de supuestas irregularidades y fraudes en la contratación y ejecución de la obra. La Consejera insistió ayer en no dar aún por perdidas las ayudas y señaló que "queremos exigir al Estado que no abdique de su responsabilidad principal en la defensa detallada y precisa de los intereses patrimoniales de la Autoridad Portuaria de Gijón", instando al Gobierno a intentar rebatir las conclusiones del informe de Antifraude.
PP y PSOE se culpan mutuamente de la pérdida de los fondos. El primero por la "chapuza" durante la obra que efectuó la UTE Dique Torres, proceso que se inició y concluyó con gobiernos socialistas en Asturias, Gijón y España. Los socialistas dicen que la Comisión Europea opta por la retirada total de las ayudas ante la "inacción" del Estado tras el informe de la OLAF.
La Consejera de Fomento señaló que el Puerto ha puesto a disposición del Estado "todos los justificantes y documentos acreditativos" de que los gastos que se declararon en la obra se efectuaron realmente para que haga "una buena defensa" presentando alegaciones consistentes a la UE en los dos meses de plazo que la Comisión ha dado al Estado. La consejera añadió que en esta ocasión, Bruselas ha posibilitado que el Puerto presente sus propias alegaciones, algo que hará, ofreciendo "pruebas para aclarar" las acusaciones de Antifraude.
Belén Fernández acusó al Gobierno central de "aparentar" defender con firmeza los intereses del Puerto, cuando "lo que en realidad se puede estar haciendo es una defensa de pacotilla" y citó otros agravios, a su juicio, del Estado a El Musel: La demora en la construcción de los accesos al Puerto, el fin de la autopista del mar, la inactividad de la regasificadora y el veto a que los puertos aporten fondos a la Zalia.
Fernández insistió en que la "inactividad del Estado podría estar en relación de causa-efecto con la exigencia de devolución del 100% de las ayudas" europeas, porque "ni han contestado al informe de la OLAF con la consistencia que la importancia del tema requiere, ni han aportado pruebas acreditativas de la realidad y la regularidad y la realidad del gasto cofinanciado y los controles realizados".
Agustín Cuervas-Mons tildó de "capciosa" la afirmación de la Consejera, porque la inactividad del Estado a la que alude la UE "fue la no actuación de la Fiscalía, entre otras cosas. Por no apretar desde la Fiscalía. Esa es la inactividad a la que se referían del Gobierno de España, pero no se preocupe que nosotros se la podemos solicitar".
Cuervas-Mons calificó las palabras de la consejera de "mundo al revés". El diputado del PP dijo: "No va a poder evitar la realidad de dónde están las responsabilidades de la gestión de la obra de El Musel. Hay una clara responsabilidad socialista. No va a poder cambiar la gestión de la obra, embarrando esto", recordando que toda la gestión de la ampliación "desde la contratación hasta la inauguración es pura gestión socialista. La responsabilidad de los modificados, de los sobrecostes y de todas las incidencias en la obra es suya". El diputado popular espetó a la consejera "no entiendo que usted me pida impunidad de alguna manera", señalando que quienes no defendieron los intereses de El Musel "fueron los que consintieron esta situación. Y entre otras, usted, señora consejera, que estaba sentada en el consejo de administración". El diputado también dejó una pregunta para el presidente regional, Javier Fernández; qué medidas va a tomar ante las responsabilidades que se deriven de este caso.
