El fondo de la denuncia de Ciudadanos por Asturias "es la corrección de precios en la cantera de Aboño con posterioridad a la adjudicación de las obras", una cantera propiedad de Hidroeléctrica del Cantábrico y de la empresa Sato, que forma parte de la UTE Dique Torres.
La asociación que preside Raimundo Abando sostiene que, "en el año 2006, la adjudicataria (de la obra) acuerda con el director del Puerto (José Luis Díaz Rato) nuevos precios para las obras de extracción y acarreo ejecutadas y con carácter retroactivo". Ciudadanos por Asturias considera que "el director del Puerto no puede hacerlo, es un acto ilegal, ya que no se pueden aumentar unos precios sin tramitar el expediente de modificación del contrato, que no se hizo".
Asimismo, Ciudadanos por Asturias, independientemente de las irregularidades ya detectadas por la OLAF, denuncia otras que "afectan al Derecho español" y "lo que hay que preguntarse es por qué el Estado español no presenta el caso ante los tribunales de justicia, hay razones suficientes", argumentó Raimundo Abando.
Entre ellas, explicó, que "el 16 de mayo de 2005 el director y el presidente de la Autoridad Portuaria proponen al consejo de administración, que lo aprueba por unanimidad, la expropiación y compra de la cantera del Alto Aboño, que costó cerca de 6 millones de euros", lo que deja claro, en su opinión, "que en ese momento la Autoridad Portuaria ya sabe las dificultades que habrá con la cantera de Aboño y el único interés es ayudar al contratista en la obra. Y nunca se llegó a utilizar la cantera por un recurso del Ayuntamiento de Carreño".
Por otro lado, Raimundo Abando señaló que "desde mayo de 2005 el director (José Luis Díaz Rato) ya sabía perfectamente el sobrecoste que tendría la obra, pero en 2007 el presidente de la Autoridad Portuaria, Fernando Menéndez Rexach, y se puede ver en las hemerotecas, aseguraba que la obra iba en plazo y en presupuestos", un hecho que lleva a Abando a decir que "o era desconocedor por ocultación del director o estaba mintiendo a la opinión pública".
El sobrecoste se conoció públicamente en octubre de 2007, tras ser preguntado al respecto por los periodistas, durante una visita a Gijón, el entonces secretario general de Transportes del Ministerio de Fomento y expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Palao Taboada.
La obra fue presupuestada en 579 millones de euros y acabó costando 623,6 millones (según la liquidación final oficial), pero la UTE Dique Torres reclama por vía judicial otros 354 millones de euros.
