A los principales empresarios mineros de España siempre les ha gustado rodearse de antiguos cargos de la Administración, conocedores de los entresijos del sistema. Fernando García Brugos, propietario de Mina La Camocha ya fallecido no era una excepción. Fichó a un exconsejero de industria como Víctor Zapico para la dirección general de servicios de la explotación gijonesa, el buque insignia de su conglomerado minero y también contrató los servicios de asesoría del exconsejero de economía de la Junta de Castilla y León con el PP Miguel Pérez Villar, condenado por prevaricación por subvencionar a empresas mineras y que fue uno de los testigos que declararon en el juicio de Mina La Camocha.

La sentencia dictada el pasado viernes por la magistrada Rosario Fernández Hevia es el colofón de un proceso en el que han sido condenados, pendientes de recurso ante la Audiencia Provincial, a nueve años de cárcel y sanciones económicas conjuntas que rondan los 100 millones de euros cinco de los directivos de Mina La Camocha y otras dos empresas vinculadas que participaron en el fraude de subvenciones cometido entre 1998 y 2000. Los condenados son Zapico, el presidente de la empresa, Manuel Martín, su directora económica, Margarita García y dos directivos de las empresas que la trama usaba para ocultar la compra de carbón por La Camocha; Ángel Manuel García Brugos, administrador de Hullas del Coto Quirós y Guillermo Honrubia apoderado de ésta y de Trabajos y Explotaciones (Trabex).

Entre 1998 y 2000 los camiones llegaban a Mina La Camocha cargados de carbón importado por El Musel o el puerto de Avilés o procedente de minas de cielo abierto. Allí se mezclaba con la producción propia y se revendía a las térmicas como si todo hubiera salido de la mina. Así se garantizaba el cobro de las subvenciones, garantizando un nivel de entregas a la térmica. Así fue como Mina La Camocha revendió a HC más de 98.000 toneladas de hulla ajena al pozo gijonés. El coste de comprar el carbón era sensiblemente inferior para la mina respecto al coste de su extracción.

La investigación que inició la Guardia Civil y los informes periciales de geólogos, ingenieros de minas y técnicos de hacienda acabaron desentrañando una trama que al principio los directivos de la empresa negaron que existiera, para acabar diciendo que lo que se hacía no era delictivo.

La juez no lo vio así. Para ocultar la compra de carbón ajeno, se articuló un entramado mediante el que las compras del mineral se facturaban por servicios supuestamente prestados y de difícil comprobación, como la recuperación de los finos que salían del lavadero de Mina La Camocha por parte de Trabex, facturas que en realidad pagaban el carbón importado por esta empresa. Hullas del Coto Quirós también emitían facturas por diversos servicios para cobrar el carbón de cielo abierto que vendía a La Camocha.

Uno de los motivos que hizo posible el fraude fueron los escasos controles de la administración, que se limitaba a cotejar los datos de producción que le daba la mina con los de compras declarados por la térmica.

Quien en aquella época era el gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, Juan Miguel Benítez, explicó en el juicio como testigo, por qué consideraba que se producía esa falta de control: Hasta 1997 eran las propias centrales térmicas las encargadas de controlar que las minas cumplieran con las entregas de sus propios pozos, pero en 1998 con la creación del Instituto del Carbón, fue este organismo el que pasó a controlar y aunque era el tercer organismo autónomo del Estado con mayor presupuesto, encargado de la supervisión del gasto de 1.500 millones de euros públicos en 80 empresas mineras y en fondos de formación e infraestructuras, era el penúltimo en dotación de personal, sólo por detrás del Instituto de Cría Caballar. El Instituto, que en teoría tenía competencia para inspeccionar las minas, "nunca tuvo medios para hacerlo", señaló Benítez en el juicio. Una falta de capacidad inspectora que facilitó la entrada de carbón en La Camocha de la que la juez considera que también fueron conscientes los sindicatos.