La Fiscalía Anticorrupción aprecia la existencia de indicios de seis posibles delitos en torno a la obra de ampliación de El Musel, según indicó ayer la Fiscalía a través de una nota oficial. Los supuestos delitos son los de fraude y exacciones ilegales, malversación de fondos públicos, estafa agravada, falsedad documental, fraude a la Hacienda pública y prevaricación.

Varios de esos supuestos delitos afectarían a funcionarios o integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón, otros a representantes y administradores de la UTE Dique Torres y para otros habría sido necesaria la participación en connivencia de ambas partes. La Fiscalía explica que el órgano competente para investigar estos hechos es la Audiencia Nacional debido a la "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y un grave perjuicio patrimonial en la economía nacional" de los delitos de fraude a la Hacienda pública, malversación y fraude y exacciones ilegales.

El fraude a la Hacienda Pública, tipificado en el artículo 305 del Código Penal, está castigado con penas de uno a cinco años de prisión y multa del tanto al séxtuplo de lo defraudado, en este caso a la Unión Europea. Eso "si se acredita que por parte de la empresa adjudicataria se hubieran simulado gastos que en realidad no existieron o producido documentos que fueran el origen de la entrega de fondos públicos" sin justificación.

El delito de fraudes y exacciones ilegales (castigada con penas de uno a tres años de prisión y de seis a diez años de inhabilitación en el artículo 436) se aplicaría a funcionarios o integrantes de la Autoridad Portuaria y a los responsables de Dique Torres, si se demuestra que se hubieran concertado para "la entrega indebida de fondos públicos a lo largo del procedimiento de contratación".

La malversación de caudales públicos (castigada con penas de cuatro a ocho años de prisión e inhabilitación de 10 a 20 años, en el artículo 432) se aplicaría a los funcionarios o integrantes de la Autoridad Portuaria si se acredita que hubieran defraudado fondos públicos en connivencia con la UTE.

De los otros tres delitos a los que se refiere la Fiscalía el de prevaricación (castigado con penas de inhabilitación para cargo público de 7 a 10 años en el artículo 404), se aplicaría en caso de que se demostrara arbitrariedad en las resoluciones del Puerto "a la hora de adjudicar el contrato y en su modificación posterior".

Anticorrupción también apunta a que integrantes de Dique Torres podrían haber cometido estafa agravada (castigada con prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses en el artículo 250), "si se acredita que el adjudicatario hubiera engañado deliberadamente a la Administración en el precio de los materiales". Las facturas falsas que supuestamente se habrían utilizado para reclamar esas cantidades supondrían un delito de falsedad documental, castigado de seis meses a tres años de prisión y multa de seis a 12 meses en el artículo 392 del Código Penal.