"Administró a varias personas un medicamento nocivo a pesar de que veía que la salud de todos empeoraba. Tenía un absoluto desprecio por la vida de los demás. Quería castigar a sus compañeros por su consumo de alcohol y drogas y lo hizo". La fiscal Raquel Vega intentó defender ayer, con este duro alegato final, su petición de que el juez condene a 65 años de cárcel a Andrés Avelino F. F., el pinche de El Lavaderu acusado de intoxicar a 19 compañeros de trabajo a los que supuestamente administró durante ocho años un fármaco contra el alcoholismo en la comida. Una vez cerrados los interrogatorios del juicio la representante del Ministerio Público acusó al procesado de mentir y enfatizó que las pruebas "llevan una y otra vez" a concluir la culpabilidad del reo. Una opinión que intentó contrarrestar el abogado de la defensa, José Joaquín García, alegando que "no existen pruebas de los delitos imputado".

La fiscal comparó el caso del Lavaderu con otros sucesos en los que sus protagonistas intoxicaron con Colme a sus víctimas: el de la envenenadora de Melilla y el de la pareja de Trujillo detenida por intoxicar a varias familiares. "Las víctimas no tuvieron posibilidad de defensa porque no sabían lo que se les estaba administrando", enfatizó la representante del Ministerio Público.

El abogado de la defensa, por su parte, volvió a alegar la nulidad de una de las principales pruebas que se mostraron en el juicio contra Andrés Avelino F. F.: el bote con restos de medicamento que un camarero del Lavaderu cogió supuestamente del mandil del pinche. "No hay certeza alguna de que las pruebas no hayan sido manipuladas. La Policía no requisó el frasco, lo entregaron los denunciantes después de tenerlo seis meses en casa", argumentó el letrado. "Es normal que el camarero no lo quisiera llevar antes a la Policía, tenía miedo de perder su trabajo con una acusación falsa", contraatacó la fiscal. José Joaquín García aseguró que "no existe ni una sola receta que demuestre que Andrés Avelino compró el medicamento" y que su cliente se mostró en todo momento colaborador con la Justicia.

Tres de los representantes de los demandantes pidieron que se condene además a una pena de entre los 6 y los 23 meses de prisión a la pareja sentimental del pinche, a la que consideran encubridora del crimen. "Iba con Avelino a comprar el medicamento, sabía lo que pasaba", alegó una letrada. "Toda la carga probatoria contra ella es una mera elucubración, con unas acusaciones que ya han conseguido que nunca más pueda volver a trabajar", aseguró por su parte Ricardo González, abogado de la procesada.

Durante la última sesión del juicio celebrada ayer por la mañana en el juzgado de lo penal número 1 de la ciudad declararon además ante el tribunal los testigos que hasta la fecha no habían podido ser interrogados. De entre todas las declaraciones destacó la de los catedráticos de psiquiatría María Paz García Portilla y Julio Bobes. Estos dos profesionales se mostraron "muy sorprendidos" de que los más de medio centenar de médicos que atendieron a los intoxicados por el medicamento a lo largo de casi ocho años no hubieran dado con un diagnóstico. "Lo más fácil es ver la cara de semáforo en rojo o de marisco después de cocido que se les queda a los pacientes por ese fármaco", aseguraron los profesionales, que actuaban como peritos de parte en el juicio.

"En una región como la nuestra donde hay un gran consumo de alcohol es cuanto menos sorprendente que nadie haya detectado lo que pasaba y se hicieron más de 80 diagnósticos", concluyó el psiquiatra Julio Bobes durante su turno de intervención.