El exdirector del puerto de El Musel José Luis Díaz Rato declaró ayer ante el titular del Juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Juan Pablo Velasco, que la decisión de aceptar los sobrecostes de la obra de ampliación de El Musel la tomaron, "a principios del 2006", los entonces "presidente de Puertos del Estado", Mariano Navas, "y el secretario de Estado de Transportes", Fernando Palao, "en una reunión que tuvo lugar en Madrid" y a la que también asistieron "los directores de las empresas que integraban la UTE Dique Torres" (Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas), el expresidente de El Musel Fernando Menéndez Rexach y él mismo. En esa reunión, explicó Viliulfo Díaz, abogado de José Luis Rato, "se le ordena", al entonces director del puerto y responsable de la obra, "se dice y se acuerda que hay que negociar este modificado para que se cierre la obra y no se quede sin hacer porque Gijón no se puede quedar sin el puerto".

Las palabras de Díaz Rato ante el juez van en el mismo sentido que las que pronunció en una entrevista publicada por LA NUEVA ESPAÑA el 13 de abril de 2014, después de que la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) emitiera su informe apreciando supuestas irregularidades en la obra de ampliación. Díaz Rato indicó entonces que Fomento le instó a llegar a un acuerdo con las constructoras y preguntado sobre quién tomó la decisión, apuntó a la exministra socialista Magdalena Álvarez. Tanto Fernando Palao como Mariano Navas eran dos de los cargos cercanos a la entonces ministra de Fomento. Palao había sido el presidente de la Autoridad Portuaria que precedió a Fernando Menéndez Rexach.

Tras declarar ayer en la Audiencia Nacional, su letrado explicó que Díaz Rato "amarró" tanto los precios del modificado del proyecto que las empresas presentaron una demanda reclamando 330 millones de euros y su cliente se convirtió en "la bestia negra" de la UTE Dique Torres por ello y por los "férreos y exhaustivos controles que imponía durante las obras". Nunca, "jamás", prosiguió Viliulfo Díaz, "se han visto instrumentos de control tan fuertes como se vieron en esta obra". Según el abogado, su defendido tuvo "numerosos enfrentamientos" con la UTE, "cada uno defendiendo lo suyo; las empresas sus intereses y Díaz Rato el del Puerto de Gijón". "Jamás se tomó un café con ninguno de los directivos de las empresas de la UTE fuera de las reuniones oficiales mantenidas en su despacho", sentenció.

Tras la declaración el miércoles del que fuera presidente del Puerto Fernando Menéndez Rexach, ayer era el turno del exdirector del mismo, también imputado como el anterior, por lo que, según su abogado, se ha visto "humillado y condenado de antemano", que durante más de tres horas, en una declaración que el propio Díaz Rato calificó de "tranquila y relajada", trató de explicarse y de responder a las preguntas del propio juez, la fiscalía, y las acusaciones particular, de la Asociación de Vecinos del Alto Aboño y de su presidente, y popular, llevada a cabo ésta por el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción, colectivo cercano a Podemos Asturies.

Díaz Rato, siempre según su abogado defensor, "desmontó punto por punto, con rigor matemático, todas las acusaciones, las denuncias... Todo lo relacionado con la obra, con la parte técnica, que es de lo que él entiende... Respondió a todas las preguntas con rigor, con conocimientos técnicos, explicando con pelos y señales los sobrecostes y demostrando su absoluta honradez. Y es que don José Luis Díaz Rato dejó muy claro ante el juez que él, como director técnico, tuvo la responsabilidad de la obra, pero no cobró ni un solo euro por ser director de la obra", concluyó.

Según explicaron tras la declaración de Díaz Rato fuentes jurídicas y el propio abogado defensor del exdirector de El Musel, éste calificó de "erróneos, inexactos y falsos" los argumentos que empleó la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude en el informe remitido en marzo de 2014 en el que denunciaba "graves irregularidades e incluso fraude" en el proyecto, así como "deficiencias en los sistemas de gestión y de control por parte de la Autoridad del Puerto de Gijón" y que es, para Viliulfo Díaz, "el punto de partida erróneo y equivocado desde donde parte todo este caso cuando hay que precisar que, al igual que el informe de la Intervención General del Estado, no está elaborado por técnicos, sino por abogados".

Éste también justificó ante el juez González la necesidad de las obras de ampliación de El Musel porque éste "llevaba cincuenta años sin tocar y se había quedado absolutamente obsoleto; por tanto, no se tiraron 700 millones de euros al mar, sino que se buscó sacar rendimiento a esos millones y que la ciudad de Gijón no fuese el último reducto de los puertos de España".

Tras la declaración, del exdirector de El Musel, el diputado autonómico y secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, acompañado de Nuria Rodríguez, concejala de Xixón Sí Puede, advirtió que la comparecencia de Díaz Rato confirmó que hubo una "responsabilidad compartida entre los agentes políticos y los de las empresas adjudicatarias de la obra" y que el Consejo de Administración de El Musel, un órgano que estaba "poblado de altos cargos del PSOE", avaló por "unanimidad" los sobreprecios y la falta de supervisión. Por todo ello, el dirigente de Podemos, subrayó que en la obra de El Musel "una de las más importantes de Puertos del Estado y una de las mayores inversiones de Fomento", se "tiraron cientos de millones al mar".