"Manos Limpias no puede quedarse callada ni quieta al observar cómo se abren diligencias en la Audiencia Nacional y a las comparecencias sólo acuden técnicos. ¿Dónde están los políticos?, cuando son estos últimos los que presuntamente pergeñaron el tremendo fraude al que nos enfrentamos ahora". El presidente regional de Manos Limpias, José Alfredo García Fernández del Viso, se explicaba así a través de un comunicado que hizo público ayer su asociación, junto a la querella que han presentado ante la Audiencia Nacional por las supuestas irregularidades en la obra de ampliación de El Musel. La querella va contra 4 dirigentes socialistas durante la ampliación: El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces; el exconsejero de infraestructuras, Francisco González Buendía, los exministros de Fomento Magdalena Álvarez y José Blanco y también contra los exdirectivos de El Musel Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato.
Manos Limpias solicita al juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional personarse como acusación popular. Además de su pretensión de exigir responsabilidades a los altos cargos que enumera, la asociación apunta que contempla la posibilidad de ampliar la querella contra otras personas "si se desprendiese de la investigación responsabilidad de las mismas, en especial de los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria en el periodo al que se refieren los hechos".
Según fuentes jurídicas, la personación mediante querella se hace como fórmula para constituirse en acusación popular, pero que el magistrado que instruye la causa acepte la personación, exigiendo una fianza a Manos Limpias, no implicaría que vaya a asumir su planteamiento de imputar a las personas contra las que se dirige la asociación representada en Asturias por José Alfredo García Fernández del Viso.
La querella de Manos Limpias, por supuestos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, considera que la obra se hizo por "intereses relacionados con la publicidad política y electoralista", sin descartar que durante la investigación aparezcan "otros".
Prácticos y pescadores
En la querella aluden a informaciones recabadas por la asociación de los prácticos del Puerto, de pescadores y mariscadores y de expropiados del Alto Aboño. Como documentación, acompañan su escrito dos anuncios del BOE con cuentas anuales de la Autoridad Portuaria.
La asociación fundamenta su querella en los siguientes supuestos: "Deficiente gestión pública", "despilfarro público" por la "desproporción" de la obra, "deficiente planificación" para hacer viable la ampliación, "ausencia de un mínimo control", "intervencionismo y dirigismo" para que se usara la cantera de Aboño, incumplimiento de la ley de contratos, el informe de la OLAF, la "inviabilidad financiera" de El Musel tras la ampliación, la pérdida de operatividad del Puerto y los daños ecológicos e impacto ambiental de la obra.
Regasificadora
La querella alude a la construcción de la regasificadora de El Musel, actualmente inactiva y "cuya puesta en marcha encarecía aún más el precio del gas" y por la cual Enagás está cobrando todos los meses fondos públicos, aunque no funcione.
Una parte de la querella también alude a la expropiación del Alto de Aboño promovida por la Autoridad Portuaria. Se expropió para extraer materiales para la obra de ampliación, algo que no llegó a hacerse entre otras cosas por los litigios interpuestos por el Ayuntamiento de Carreño. Donde sí hubo un desmonte para obtener material para la obra fue en los terrenos colindantes de Tudela Veguín "que aprovechó la coyuntura muy a su favor", señala el escrito.
De las personas que figuran en la querella, Menéndez Rexach y Díaz Rato ya han declarado como imputados en la causa, citados a petición del Ministerio Fiscal y de la asociación Ocan, vinculada a Podemos y que ya ejerce la acusación popular. La causa en la Audiencia Nacional se abrió a partir de sendas denuncias de la Fiscalía Anticorrupción y de Ocan, en base al informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).
