Tras un período de aparente tranquilidad, y una vez pasadas las elecciones, la situación del PP de Gijón regresa a los juzgados. A las 13.00 horas de hoy, el magistrado Sergio Alonso, titular de Primera Instancia número 11, juntará a los representantes legales de la dirección del partido y del sector crítico del mismo -representado por los exconcejales Manuel Pecharromán, Maite Menéndez, Gabriel Díaz, Raquel Vega y Francisco Rodríguez Cubiella- en la audiencia previa del juicio por la demanda de nulidad del último congreso del partido, en el que el candidato oficial, Mariano Marín, se erigió presidente sin rivales.

El juez Alonso centrará el objeto de debate y las partes propondrán sus pruebas. En principio la vista oral quedará señalada para una fecha. "Es improbable que, como ocurrió en la anterior anulación del congreso, el juez sentencie sin vista oral, porque va a haber pruebas testificales", señala Manuel Estrada, abogado de los exconcejales críticos. Estrada recuerda además que en el caso anterior el magistrado Luis Roda optó por acortar el proceso "para dar tiempo más que de sobra al PP de Asturias para que, con antelación a las elecciones, celebrasen debidamente el congreso".

Ese cónclave, que el PP repitió en cumplimiento de la sentencia anulatoria antes de los comicios de mayo, es el que proclamó presidente a Marín y que ahora vuelve a recurrir el sector crítico, representado por los exediles. El abogado de los mismos sostiene en la demanda que "hubo graves irregularidades acreedoras de la declaración de nulidad".

Estrada detalla que en el proceso de convocatoria del congreso repetido "se toman decisiones que no coinciden con la imagen que se intentaba vender de congreso limpio y participativo; decisiones como la solicitud de una elevadísima cantidad de avales (500) u obligar a los afiliados que apoyaban a otras candidaturas a ir personalmente a pagar sus cuotas a la sede en un horario muy reducido". Vicios que, según la parte demandante, se repiten del cónclave anterior y que se apuntan en la sentencia que lo anuló.

Asimismo, la demanda critica que se acortasen los plazos en el último congreso haciéndolo extraordinario en vez de ordinario. "El anterior fue de naturaleza ordinaria, de modo que, habiéndose declarado nulo por infracciones legales y constitucionales, lo que procedía era repetir el congreso local ordinario (y no hacer uno extraordinario), pero con las debidas garantías constitucionales". Los términos de la demanda son duros contra las direcciones local y regional del partido, a la que acusan de "cocinar" el último cónclave "popular".