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El Musel queda excluido del reparto de 467 millones de un fondo para inversiones

El elevado endeudamiento del puerto gijonés por la obra de ampliación le impide optar a una partida destinada a mejorar los accesos terrestres

El puerto de El Musel ha quedado al margen del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, constituido con aportaciones de Puertos del Estado y de las autoridades portuarias que generan beneficios, que está destinado a acelerar la financiación de infraestructuras para mejorar las conexiones a la red general de carreteras y a la red ferroviaria de los puertos menos rentables y también de las zonas logísticas en las que participen. De los 466,7 millones de euros que repartirá este fondo, en concepto de préstamo, hasta el ejercicio 2019, en principio no se va a destinar ni un euro a Gijón.

El reparto de esa cantidad se analizó ayer en una reunión entre Puertos del Estado y los presidentes de las autoridades portuarias españolas. El Puerto de Avilés recibirá 2,9 millones de euros, mientras que no habrá nada para el de Gijón, que no incluyó en su plan de empresa de 2016 ninguna obra susceptible de ser financiada por ese fondo. En teoría, el Puerto de Gijón tiene pendientes obras que podrían financiarse con ese fondo. En 2005, el Ministerio de Fomento, la Autoridad Portuaria, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón firmaron un acuerdo para construir los accesos a El Musel y a la Zalia. En ese acuerdo se establecía que el Puerto costearía íntegramente los 30,72 millones de euros de un nuevo acceso por el valle de Aboño y la mitad de los 78,73 millones de euros del nuevo acceso por Jove.

Esos proyectos están pendientes debido a imposibilidad financiera del Puerto para afrontarlos. El Puerto tampoco podrá acceder ahora a un préstamo del Fondo de Accesibilidad, debido a que el pufo que arrastra por la obra de ampliación de El Musel y por los sobrecostes en los que incurrió lastran su solvencia financiera. Una deuda que ronda los 465 millones de euros, con sendos préstamos del Banco Europeo de Inversiones y de Puertos del Estado (a través del ICO), situación que se podría agravar con la posible revocación de 247,5 millones de euros de subvenciones europeas del Fondo de Cohesión, ante las supuestas irregularidades en la obra denunciadas por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).

El artículo 7 del Fondo de Accesibilidad veta los proyectos que no tengan "viabilidad económica y técnica y aquellas propuestas por organismos públicos portuarios que carezcan de capacidad financiera para pagar los intereses y devolver los préstamos".

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