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Un matrimonio lleva cinco años de pleitos con una aseguradora, a la que acusa de estafa

La pareja se manifiesta en la calle ante la sucursal que le negó el pago de su póliza

Sara Fernández Lorenzo, frente a la sede de la aseguradora en Gijón.

Dos vecinos de El Llano, Sara Fernández Lorenzo y su marido Julián Pérez Gil, de 60 y 61 años respectivamente, llevan una semana saliendo a protestar a la calle por lo que consideran "una injusticia". La compañía aseguradora con la que tenían contratado un seguro de accidentes se niega a indemnizarles tras sufrir un infortunio por no haber fallecido en el suceso. Después de cinco años de pleitos judiciales su última baza es acudir diariamente a la sede central de la compañía en Gijón a protestar y reclamar unos derechos que aseguran les pertenecen.

El matrimonio había contratado dos seguros de accidentes, uno para cada uno, en la compañía aseguradora Mapfre. Un seguro que según les habían explicado debía cubrir cualquier eventualidad surgida de un accidente y que incluía una garantía complementaria para accidentes vasculares. La mala suerte quiso que ambos sufrieran un infarto.

En un primer momento la aseguradora garantizó que la póliza cubría el incidente, pero una contraorden de la tramitadora de seguros de Oviedo denegó el pago asegurando que para que se hiciera efectivo los asegurados tenían que haber fallecido en el siniestro. A partir de ese momento la compañía rechazó reiteradamente que el seguro contratado, que actualmente se ha retirado del mercado y se comercializa con los mismos términos, cláusulas y pagos bajo otra denominación diferente, incluyese el evento dentro de sus coberturas.

El paso por los tribunales de Primera Instancia dio la razón a la familia Perez pero un recurso interpuesto en la Audiencia Provincial por parte de Mapfre revocó la sentencia al fallar a favor de la aseguradora. Yolanda Pérez, hija del matrimonio, sostiene que "es una sentencia ridícula que nadie entiende. Solo el magistrado que llevó la causa cree que de un accidente te tienes que morir. Ahora además nos piden 30.000 euros de costas judiciales".

Desde la resolución de la Audiencia Provincial su lucha se ha centrado en buscar apoyos en las redes sociales y en la calle. "No quiero que nadie más pase por la agonía y el calvario por el que está pasando mi familia", explica Yolanda, quien además añade que "están esperando que nos cansemos, pero todo lo que me queda de vida lo dedicaré a combatir esta injusticia".

Los afectados aseguran que se han dado más casos como éste en comunidades del sur del país y que se están replanteando exigir en los tribunales algún tipo de responsabilidad penal.

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