Hacer de la contratación municipal una vía real de inclusión en el mercado laboral de personas vinculadas a los colectivos más vulnerables de la sociedad y garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores de las empresas que realicen trabajos para el Ayuntamiento de Gijón es el doble objetivo que busca alcanzar el Grupo Municipal Socialista al plantear la incorporación de cláusulas sociales a los pliegos de contratación del Ayuntamiento. Para hacer realidad esos objetivos, el PSOE registraba ayer una proposición para su debate y votación en el próximo Pleno. La iniciativa plenaria establece dar un plazo de tres meses a la Junta de Gobierno para que presente al Pleno una ordenanza o instrucción que fije esas cláusulas sociales. "El Ayuntamiento de Gijón tiene que subirse al carro de la responsabilidad social", indicó ayer la edil socialista Marina Pineda al hacer pública esta iniciativa tras mantener una reunión -junto a su compañero José Ramón García- con representantes de la Asociación de Empresas de Inserción del Principado de Asturias.
La propuesta socialista plantea, al menos, que se incorporen los siguientes elementos: "la reserva de contratos a operadores cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de colectivos especialmente vulnerables, la ejecución de los contratos públicos en el contexto de programas de empleo protegido, la inclusión en los criterios de adjudicación de aspectos cualitativos de carácter medioambiental, social y laboral y el establecimiento de condiciones especiales relativas a la ejecución del contrato relacionadas con estos aspectos". "El hecho de que el elemento de elección del contratista esté fijado ahora exclusivamente en la oferta económica viene provocando problemas. Por un lado la expulsión de este mercado de entidades sin ánimo de lucro que trabajan con estos colectivos vulnerables y, por otro, que hay trabajadores de contratas que estén desprotegidos", sentenció la concejal. Pineda destacó ayer que la nueva normativa europea sobre contratación pública favorece ahora la inclusión de estas cláusulas que eran difíciles de ajustar en otros momentos.
Al margen de este tipo de condicionantes están otros de ámbito territorial. No hay que olvidar que Foro anunció en campaña electoral, y pensando en el sector de la construcción, su interés por primar a las empresas asturianas en las obras del Ayuntamiento. "La ley de contratación pública impone los criterios de igualdad y libre concurrencia. El elemento territorial tendría la consideración de discriminatorio. Otra cosa es que hay empresas asturianas que pueden partir con desventaja en una contratación frente a competidoras de otras comunidades con convenios colectivos peores. Entonces hay que introducir elementos que favorezcan a las empresas más respetuosas con los derechos de los trabajadores", sentenció Pineda.
