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Multan a un gijonés por aparcamiento indebido al recargar su coche eléctrico

El Ayuntamiento reclama 90 euros por la supuesta infracción al sancionado, a quien ir al contencioso contra una medida que cree injusta le costará 400

Multan a un gijonés por aparcamiento indebido al recargar su coche eléctrico

Intentar recargar su vehículo eléctrico en uno de los puntos habilitados para ello en el centro de la ciudad le costará a un gijonés casi 100 euros. Es el importe que le reclama el Ayuntamiento por encontrarse aparcado el pasado 30 de diciembre en una de las "electrolineras" habilitadas para estos fines junto a la plaza Mayor, por detrás del edificio de la Antigua Pescadería. Pese a que el suyo es un turismo cien por cien eléctrico, tal como figura en el boletín de denuncia, el agente que firma dicha multa argumenta que el vehículo se encontraba estacionado "en los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios, excepto carga y descarga del vehículo eléctrico".

"Promocionan el uso de los vehículos eléctricos en la ciudad y después el día a día de los usuarios se hace insoportable", se lamenta este gijonés que ha encadenado varias alegaciones y escritos dirigidos a la Alcaldía sobre la falta de regulación en las ordenanzas municipales sobre los estacionamientos reservados para la recarga del coche eléctrico. "No hay nada que defina el elemento de carga, el tiempo de carga, los vehículos autorizados", explica este gijonés ante la falta de normativa referida al uso de la infraestructura de recarga en las ciudades. Este vecinos también se ha dirigido a la alcaldesa, Carmen Moriyón, por tener las competencias en Medio Ambiente, para trasladarle sus quejas por el incidente y " por el uso político de fomentar el vehículo eléctrico a bombo y platillo y después dejar a los usuarios a su suerte", se lamenta el conductor.

A los 90 euros de sanción deberá sumar otros 400 -tarifa recomendada por el Colegio de Abogados, precisa- si opta por la vía contencioso-administrativa para defenderse ante lo que considera un atropello de la Administración. Insiste en que no existe regulación que determine la finalidad, operativa e infracciones para las denominadas "electrolineras" o puntos de recarga del vehículo eléctrico en la ciudad.

El afectado dice que está dispuesto a llegar a las instancias necesarias para defenderse e incluso determinar si alguna directiva europea recomienda facilitar el aparcamiento gratuito en sus calles -como ya está haciendo Madrid- para coches eléctricos. "Anteponen la maquinaria sancionadora al sentido común; debieran ver más allá", se queja el gijonés.

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