La exigencia de los grupos de izquierdas en el Ayuntamiento -PSOE, Xixón Sí Puede e Izquierda Unida-, de revisar la ordenanza de convivencia cívica tras las polémicas generadas por la multa impuesta a un parado que pedía a las puertas de un supermercado de El Llano y por la expulsión de un joven que disfrutaba de una cena en los soportales de Poniente durante la noche de los Fuegos -de las cuales informó LA NUEVA ESPAÑA-, convencen tanto a la Federación de Asociaciones de Vecinos como al Conseyu de la Mocedá. Ambas instituciones se mostraron ayer favorables a reabrir el debate en torno a un texto discutido desde un primer momento por numerosos colectivos y cuya revisión parece más que probable dada la mayoría en el Pleno de los tres grupos políticos que exigen cambios. La FAV y el Conseyu reclaman que la norma resultante se consensúe y se abra a la participación de la ciudadanía. El concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, no dudó ayer en defender una ordenanza que al margen de cuestiones puntuales tuvo efectos "positivos" con su aplicación.
"Sabíamos que casos como el del mendigo se podían dar. Con esta norma se dejó al criterio de los agentes de la Policía Local multar o no hacerlo", criticó ayer Tita Caravera, presidenta de la FAV, para quien esa aplicación desigual no debe permitirse. Caravera anunció que la revisión de la ordenanza de convivencia será uno de los temas que traten el próximo martes en la primera reunión de la ejecutiva tras las vacaciones los responsables de la Federación de Asociaciones de Vecinos. La portavoz de la FAV se ratificó ayer en su oposición sobre la norma. "Se estuvieron aplicando sanciones hasta los días que había fiestas en Gijón y se podía haber levantado un poco la mano. El Ayuntamiento tendría que ser consciente de que en días como el de los Fuegos hay que ser un poco tolerantes", insistió la líder vecinal.
En esta misma línea se manifestó Javier Suárez Llana, el presidente del Conseyu de la Mocedá. Esta organización que agrupa a las asociaciones juveniles de Gijón llegó a promover hace dos años una plataforma contra la polémica normativa. "Queremos que se derogue y se empiece de cero. El Ayuntamiento tiene que establecer un proceso participativo que cuente con las opiniones de todos para mejorar la convivencia", alegó Suárez Llana insistiendo en que el gobierno local debería utilizar mecanismos como los consejos de distrito de la ciudad para enriquecer el debate en torno a la ordenanza.
"El caso del mendigo y el del joven expulsado de Poniente son la gota que colma el vaso. Siempre dijimos que lo que hacía la ordenanza era perseguir a los colectivos más vulnerables, como las personas que piden en la calle o las prostitutas", argumentó el presidente del Conseyu.
En el lado de la defensa de la normativa se situó el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento. En una entrevista en la Cadena Ser Esteban Aparicio defendió que Gijón es una de las ciudades más seguras de España gracias, entre otras cosas, a esta ordenanza aprobada con los votos a favor de Foro y el PP. "Estamos abiertos al diálogo si hay acuerdo pero creo que los que critican la ordenanza no la han leído. Es sólo un instrumento para que la Policía Local pueda actuar. Si lo que se pretende es que los agentes no puedan hacer nada siempre me posesionaré en contra de los cambios", alegó Aparicio. Para el edil "todos tenemos derecho a usar los espacios públicos. Si alguien siente que no puede tenemos que tener un instrumento para que no se desmadren las actuaciones. En Gijón no tenemos problemas con la prostitución callejera ni 'botellones' de 10.000 personas que sufren otras ciudades que no tienen una norma como esta", aseguró el edil haciendo hincapié en que la Policía Local "actúa siempre a petición de los ciudadanos que se sienten agredidos. Lo que no se puede permitir es que los vecinos no puedan acceder a sus casas".
