El Juzgado Central de Instrucción Número 3 de Madrid ha dictado un auto por el que deniega retirar la imputación del ex presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, y del ex director del puerto, José Luis Díaz Rato, en relación a los sobrecostes de la ampliación.
El magistrado justifica el rechazo a la pretensión de las defensas de Menéndez Rexach y de Díaz Rato al señalar que es "prematuro dictar una resolución de fondo", pues aún están pendientes de practicar diligencias que son "necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas que en ellos pudieran haber participado".
Por tanto, establece que en el actual estado procesal de la causa no hay lugar a acordar el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, ni a dejar sin efecto las imputaciones, tal y como solicitaban las defensas.
Menéndez Rexach y de Díaz Rato declararon el pasado mes de junio como imputados ante la Audiencia Nacional dentro de la investigación abierta sobre posibles irregularidades en las obras de ampliación del puerto gijonés.
El ex presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón negó cualquier tipo de irregularidad en las obras de ampliación e insistió en que pasaron todos los controles, mientras que el ex director atribuyó la aprobación de los sobrecostes investigados a otras instancias, concretamente a Fomento, Puertos del Estado y el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón.
Por esta causa también declaró como imputado a principios de julio Juan Miguel Pérez Rodríguez, gerente de la Unión Temporal de Empresas (UTE) responsable de las obras, quien aseguró que informó a los responsables de la Autoridad Portuaria en diversas reuniones de los sobrecostes en la extracción de piedra.
Las obras de ampliación del puerto, que fueron adjudicadas por 580 millones en el año 2005 y finalmente costaron 800 millones, se financiaron en parte con fondos europeos, pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto, de los que 198 ya han sido abonados.
La legalidad de la ampliación del puerto de El Musel ha sido puesta en duda en sendos informes por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por la Intervención General del Estado (IGAE).
Tras haber practicado varias diligencias, Anticorrupción considera que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación, estafa, falsedad, fraude a Hacienda y prevaricación.
El auto recuerda que el propio Ministerio Fiscal ha solicitado nuevas diligencias de carácter documental y una nueva pericial, así como que declare como imputado el que también fuera gerente de la UTE responsable de las obras, David López Navarrete, previamente citado como testigo, y del vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón y ex alcalde de Carreño, Manuel Ángel Riego.
Asimismo, ha pedido la declaración testifical de los investigadores de la OLAF que elaboraron el informe y que fue determinante para la interposición de la denuncia por parte del Ministerio Fiscal.
Tras conocer este auto, el Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN), personado en la causa como acusación popular, ha dicho que la decisión del magistrado "confirma que la estrategia mediática y apresurada de los representantes legales para eludir sus responsabilidades se ha venido al traste y los señores Rexach y Rato van a tener que seguir dando explicaciones por la operación del Puerto".
