El exalcalde socialista de Carreño y exconsejero de la Autoridad Portuaria de Gijón, Manuel Ángel Riego González, tendrá que acudir el próximo 1 de octubre a la Audiencia Nacional para declarar como imputado en el supuesto fraude en la obra de ampliación de El Musel. Hasta ahora, Riego es el único político que ha sido citado por el juez.

Así lo ha decidido el magistrado del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González González, quien ha optado por continuar con la instrucción del caso con la toma de cinco nuevas declaraciones: las de Riego y el exgerente de la UTE Dique Torres David López Navarrete, ambos como imputados, y las testificales de los tres investigadores de la Oficina Europea de Lucha Contra El Fraude (OLAF) que elaboraron el informe que acabó derivando en la apertura del proceso penal. Los cinco declararán el uno de octubre.

Estas cinco declaraciones forman parte de las diligencias que solicitó la Fiscalía Anticorrupción para proseguir con la investigación judicial.

El Ministerio Fiscal solicitó la imputación de Riego al apreciar supuestas "conductas contradictorias" entre sus decisiones como consejero de El Musel y como alcalde de Carreño, que podrían traducirse en un supuesto delito de prevaricación. Como consejero de El Musel, Riego votó en 2004 a favor de la adjudicación de la ampliación a Dique Torres con un proyecto que planteaba explotar una cantera en El Perecil (Carreño), pero con la obra ya iniciada, el Ayuntamiento de Carreño bloqueó la apertura de esa cantera. En 2007, Riego respaldó en el consejo portuario la aprobación de sobrecostes en la obra por "dificultades sobrevenidas". Además, mientras el consejo portuaria aprobaba un plan de usos para convertir el Alto de Aboño en terreno portuario y desmontarlo obteniendo materiales para la obra, el Ayuntamiento de Carreño bloqueó esa actuación en los tribunales.

Tras conocer la petición del fiscal para que lo imputaran, Riego señaló que todas sus actuaciones como máximo representante municipal se han hecho siempre conforme a la ley y que por lo que han pedido su imputación no tiene relación con la investigación de la OLAF. Además, mostró su extrañeza en que fuera el único miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria citado a declarar como imputado en la causa, dado que se trata de un órgano colectivo.

En cuanto a David López Navarrete, el fiscal había solicitado su imputación al ser el gerente de Dique Torres que solicitó un segundo modificado de la obra. La negativa del Puerto a aceptarlo, dio lugar a una demanda de Dique Torres, que reclama otros 350 millones de euros, aparte de los alrededor de 710 que ya cobró por la ampliación (incluyendo sobrecostes y actualización de precios).

Las dos nuevas imputaciones se suman a las del también exgerente de la UTE Juan Miguel Pérez Rodríguez y a las del expresidente y exdirector de la Autoridad Portuaria durante la obra de ampliación, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato.