El ex responsable del departamento de Gestión del Conocimiento de la Autoridad Portuaria de Gijón se enfrentará a finales de este mes a una pena seis años de cárcel como presunto responsable de los delitos de falsedad en documento mercantil y de estafa. El fiscal pide esta condena para el técnico al considerar probado que el ahora imputado se llevó 260.000 euros de El Musel firmando hasta 37 facturas falsas que la Autoridad Portuaria pagó a una empresa ficticia propiedad del procesado.
El jefe de departamento de la Autoridad Portuaria será juzgado por la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón. El representante del ministerio público encargado de investigar este caso asegura que el desfalco comenzó en 2005 y terminó en 2011, momento en el que, tras su llegada a la presidencia de la Autoridad Portuaria, Rosa Aza eliminó el departamento en el que supuestamente se cometieron los delitos. El fiscal mantiene que en ese período de seis años "el acusado confeccionó por sí mismo o por medio de otras personas y de manera mendaz 37 facturas por un importe total de 260.000 euros".
En todos los documentos figuraba como emisor una empresa inexistente denominada "The European Institute for Maritime Studies". Los recibos se presentaban como pago "de supuestos servicios, estudios o informes prestados a la Autoridad Portuaria de Gijón". El acusado plasmó su firma de conformidad en todas las facturas, que posteriormente eran aprobadas por la Autoridad Portuaria. Una vez completado el proceso se hacía una transferencia bancaria desde la cuenta del puerto de El Musel a la del banco ING de la que el acusado era el único titular y que el ex responsable de departamento portuario mantuvo abierta entre los años 2005 y 2014.
El representante del ministerio público recalca en el escrito de conclusiones provisionales presentado en el juzgado encargado de la investigación -el número 3 de instrucción de Gijón-, que el ahora imputado no tenía "la condición de funcionario público". Su única vinculación con la Autoridad Portuaria gijonesa era un contrato laboral. El técnico carece hasta la fecha de antecedentes penales.
Además de la pena de privación de libertad, el fiscal pide que el reo sea castigado con la imposición de una multa de 7.200 euros y que, además, devuelva a la Autoridad Portuaria los 260.000 euros presuntamente estafados. En el proceso penal se ha personado -además del representante del ministerio público y el letrado de la defensa-, un abogado del Estado, encargado de defender los intereses de la Autoridad Portuaria.
