"No pedimos perdón; sabemos todos lo que pasó ese día, pero no nos quedaba otra". David Tejerina Segur, militante de FUSOA, seguía así defendiendo su inocencia y la de otros dos miembros de un piquete de los sindicatos minoritarios en la huelga general del 14 de noviembre de 2012, tras el juicio en el que acababan de aceptar una condena de seis meses de cárcel y una multa. Tejerina, el militante de CSI Javier Argüeso Álvarez y Javier Cubero de Vicente asumieron el pacto con el fiscal y la acusación particular ante el riesgo de entrar en prisión si prosperaba la petición que inicialmente la fiscalía hacía para ellos, de dos años y dos meses de cárcel por sendos delitos de atentado y lesiones.

Las deliberaciones de estos acusados con sus abogados y familiares a las puertas de la sala de vistas, demoró el inicio del juicio que ayer celebró el juzgado de lo penal número dos de Gijón, en el que otros tres acusados que no corrían riesgo de acabar en prisión por las penas que les pedían declinaron pactar.

Los tres condenados de viva voz por el juez tras el pacto habían sido arrestados tras un enfrentamiento con una patrulla de la Policía Municipal en la calle Palacio Valdés. Ahora tendrán que indemnizar a los agentes con 810 y 180 euros respectivamente por los golpes que recibieron durante el forcejeo.

Las acusaciones contra los otros tres encausados, todos militantes de CSI, tenían que ver con la carga policial y el tumulto en el que derivó, con la entrada de agentes uniformados en la Casa Sindical.

La Policía había detenido a uno de los participantes en el piquete informativo, Sergio González Muñiz, al que acusó de resistirse y golpear a los agentes. Además, el atestado policial también acusaba al secretario de organización de CSI, Manuel Nieto Pequeño y al militante Carlos Alberto Losada Chamorro de golpear a los agentes cuando estaban deteniendo a González Muñiz. Uno de los agentes sufrió erosiones en un dedo y otro dolor en un hombro.

La fiscalía acabó retirando los cargos contra Losada, debido a que ningún agente de la Policía ratificó en el juicio la acusación formulada contra él en el atestado. Este militante de CSI había tenido que someterse a cirugía después de que le rompieran la nariz de un toletazo y no fue detenido en ese momento, sino identificado y acusado posteriormente. Al concluir el juicio, Chamorro manifestó que "es una vergüenza vivir en un sitio en el que la Policía te puede agredir y encima te sientan en el banquillo".

En cuanto a Nieto, el jefe de la Unidad de Intervención Policial que cargó contra el piquete lo acusó de propinarle una patada, señalando que lo siguió a la carrera y pidió a otros agentes que lo detuvieran. No fue detenido, sino identificado posteriormente cuando acompañó a la mujer de uno de los arrestados ese día a Comisaría. Dos testigos del sindicato afirmaron que Nieto estaba junto a ellos cuando los antidisturbios entraron en la Casa Sindical persiguiendo a quien había dado la patada al jefe de la unidad.

La fiscalía se apoyó en las declaraciones de los policías que testificaron ayer en el juicio para mantener la petición de año y medio de prisión para el secretario de organización de CSI y para Sergio González Muñiz.

Las defensas pusieron en cuestión la veracidad de los informes policiales y aportaron como testigos a militantes de CSI, al abogado y vecino de la zona Fernando de Silva y a un abogado laboralista de CGT. Las defensas insistieron en que el piquete fue pacífico y consideraron "desproporcionada" la actuación policial.

Tras el juicio, uno de los encausados, David Tejerina, señaló que "la carga de la Policía fue injustificada, a raíz de la primera detención, que en ningún momento se ha explicado por qué se produjo".