La falta de dos testigos obliga a aplazar el juicio contra un cargo de El Musel por estafa

H. E. M. P., suspendido de empleo pero no de sueldo desde hace más de un año, está acusado de apropiarse de 260.000 euros

01.10.2015 | 04:09
Por la izquierda, H.E.M.P., de pie, el abogado del Estado y el fiscal, al inicio de la vista oral que se suspendió ayer.

La ausencia de dos testigos propuestos por la defensa obligó ayer a suspender el juicio abierto en la sección octava de la Audiencia Provincial contra el directivo de la Autoridad Portuaria de Gijón H. E. M. P., acusado de apropiarse supuestamente de 260.000 euros de la entidad con facturas falsas, que justificaba con informes y trabajos encargados supuestamente a una empresa belga inexistente. La defensa consideró imprescindible la declaración de ambos testigos, para tratar de rebatir las acusaciones.

Fue la propia Autoridad Portuaria, bajo la presidencia de Rosa Aza, quien puso los supuestos hechos en conocimiento de la Fiscalía. H. E. M. P. aún sigue vinculado a la Autoridad Portuaria, que lo suspendió de empleo pero no de sueldo hace más de un año. Hasta ese momento, H. E. M. P. era el responsable del Departamento de Gestión del Conocimiento de la Autoridad Portuaria de Gijón.

El acusado declinó ayer declarar en el juicio. Sí lo hizo otro directivo de la Autoridad Portuaria, que fue el que elaboró el informe sobre las 37 facturas supuestamente falsas emitidas entre 2005 y 2011. Este directivo, responsable del área informática y de innovación del Puerto, ratificó en el juicio los informes.

Tanto la fiscalía como la acusación particular, ejercida por la Abogacía del Estado, renunciaron a que prestara declaración el segundo testigo que habían citado, el exdirector de El Musel, José Luis Díaz Rato. El juicio fue suspendido a continuación ante la ausencia de los otros dos testigos, los propuestos por la defensa, que son personas ajenas a la Autoridad Portuaria de Gijón. La vista se reanudará el próximo 30 de octubre a las diez y media de la mañana.

H. E. M. P. está acusado de sendos delitos continuados de falsedad en documento mercantil y estafa. El fiscal pide para él una condena de 6 años de prisión, una multa de 7.200 euros y que reintegre a la Autoridad Portuaria los 260.000 euros supuestamente estafados. Las facturas supuestamente falsas fueron emitidas por una empresa presuntamente inexistente, según la acusación, denominada The European Institute For Maritime Studies.

Cuando la Autoridad Portuaria comenzó a supervisar aquellos pagos se encontró con que el domicilio social de la empresa que figuraba en las facturas correspondía, al parecer, a la sede de una editorial religiosa en Bélgica y no a una consultora.

Las facturas eran por informes encargados por el Puerto, y que al parecer no fueron localizados cuando se abrió el expediente disciplinario al directivo y por labores de "lobby" ante la Comisión Europea para conseguir financiación comunitaria para proyectos desarrollados por el Puerto. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el dinero que abonaba el Puerto por esas facturas iba a parar en realidad a una cuenta corriente cuyo único titular era H. E. M. P. Tanto el directivo imputado como su abogado declinaron ayer realizar comentarios tras la suspensión del juicio.

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