Julio Juan Martínez Zahonero, coordinador de Jueces para la Democracia y magistrado juez de primera instancia en Avilés, participó ayer en el Antiguo Instituto en una charla-coloquio organizada por Amnistía Internacional acerca del derecho a la vivienda en España. Zahonero considera que se deberían llevar a cabo más medidas para evitar los desahucios o una mayor participación de los jueces durante el proceso. Además denuncia que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial camina hacia una mayor jerarquización de la carrera judicial.
-En la campaña "Una Puerta, Una historia" de Amnistía Internacional Asturias solicitan una reforme de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces puedan evaluar en los procedimientos de ejecuciones hipotecarias de primeras viviendas, la proporcionalidad de un desalojo, caso por caso, y el impacto del mismo en la vida y los derechos de las personas. ¿Apoya esta medida?
-Desde Jueces para la Democracia creemos que no vendría mal un mayor control judicial en esta fase del procedimiento que ahora mismo queda fuera de lo que es el control del juez.
-¿Qué más elementos de la ley deberían cambiarse?
-Hay que desarrollar bastante mejor la Ley de Segunda Oportunidad a los deudores. En la parte de la ejecución hipotecaria estamos agotando las posibilidades que nos daba la aplicación en España del derecho comunitario que protege a los consumidores, en este caso las personas que tienen una hipoteca.
-La Junta de Andalucía ha pedido a los jueces que antes de dictar un desalojo tengan en cuenta el Decreto del Gobierno sobre deudores hipotecarios sin recursos, que permite un nuevo camino para llegar a acuerdos entre las entidades acreedoras y los deudores. ¿Es una posible solución o la considera insuficiente?
-Ahora mismo, si bien se están agotando las posibilidades en la vía judicial, quedan todavía muchas en el ámbito de la Administración y en el del poder legislativo. Quedan todavía márgenes de actuación, por ejemplo los protocolos de actuación entre los juzgados y los ayuntamientos para evitar los desalojos más traumáticos.
-¿Qué puede o debe hacer el poder judicial para intentar solventar esta injusticia?
-Aplicar la ley. No puede actuar con una lógica de buenos y malos. Hay intereses enfrentados, todos legítimos, y lo que tiene que dar es soluciones acordes a las normas europeas de protección de consumidores y usuarios.
-¿Le ha tocado tener que ejecutar un desalojo "obligado"?
-Son cosas que ocurren todos los días. En el ámbito de la ejecución hipotecaria buena parte de desarrollo del proceso está ya fuera de las manos del juez.
-¿Qué le parece la medida de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite a los jueces y magistrados, los fiscales y los letrados de la Administración de Justicia solicitar la prolongación en el servicio activo hasta los 72 años?
-Es una medida que rechazamos de forma tajante desde el punto de vista estrictamente judicial y corporativo. A esa edad un juez no está en condiciones de trabajar como lo hacía dos años antes.
-¿Cree que la ciudadanía ha perdido la confianza en la Justicia?
-Creo que la ha recuperado en estos últimos años. La justicia es el último mecanismo, último recurso, por lo que nunca acaba siendo satisfactoria la solución final. Pero ha aumentado la confianza en la Justicia en buena medida por la aportación a los consumidores.
-¿Existe una "militarización" de la Justicia? ¿Se limita la independencia del poder judicial?
-La Ley Orgánica va hacia una mayor jerarquización de la carrera judicial. Y estamos en contra.
-Que la elección de jueces sea por vía autonómica, que sean los políticos aforados los que elijan los jueces, ¿da pie a que los ciudadanos entienda que la Justicia está vendida al poder?
-Puede dar sensación de politización y España tiene la madurez suficiente como para abordar una reforma en ese sentido.
-¿Se necesitan más medios para mejorar la eficacia de la lucha contra la violencia machista?
-Sí. Bastante más medios. Y sobre todo medios no estrictamente judiciales, sino también sociales.
-¿Debería llevarse a cabo un reajuste de los partidos judiciales en Asturias más exhaustivo?
-Creemos que sí se podría valorarse una reducción de partidos judiciales. Eso sí, sin dejar desatendidas a las alas de Asturias, que están ya bastante aisladas por razones orográficas.
