"La Asociación de Padres (de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo (APTA) intentaremos que la Fundación ONCE no se separe de nosotros; ese es nuestro prioritario interés. Otra cosa es que ellos se empeñen y lo consigan". Joaquín Fernández, presidente de la asociación, explicaba así la posición del colectivo ante la decisión de Fundosa-Ilunión de dejar la gestión del centro especial de empleo APTA, que fundó en 1998 junto a la Asociación de Padres.
Fundosa posee el 46% de APTA por el 54% de la Asociación, aunque es la Fundación ONCE la que gestiona el centro especial de empleo. La transformación de esta entidad de la ONCE en Ilunión ha dado lugar a una reestructuración, que incluye la salida de Fundosa-Ilunión de varias sociedades en las que participa en España, incluyendo APTA.
Fernández explica que Fundosa trasladó el pasado 3 de septiembre a la Asociación de Padres su intención de dejar APTA, transfiriéndoles su porcentaje accionarial. Fundosa ha destinado en los últimos años unos 13 millones de euros a sostener económicamente el centro especial de empleo gijonés. La Fundación ONCE prevé seguir apoyando a APTA durante unos años, sin cobrarles ninguna renta por el uso de las instalaciones fabriles del Piles (que el año pasado pasaron a manos de Fundosa) y mantener el apoyo económicos "que hiciera falta". Todo ellos por un plazo temporal pendiente de negociar, que Joaquín Fernández estima que podría oscilar entre tres y cinco años.
La situación a la que se enfrenta APTA es difícil. El centro especial de empleo tiene una plantilla de 182 trabajadores, de los que 153 son discapacitados psíquicos. Llegó a tener más de 300 cuando hacía cableado para motocicletas, pero la deslocalización de las fábricas de motos de Europa hacia Asia provocó una importante caída de pedidos. En 2011, Los 182 trabajadores que quedan ahora en plantilla están sometidos a un ERE temporal de dos años que acaba el 31 de marzo. Actualmente en la fábrica están trabajando unas 80 personas, explica Joaquín Fernández.
El problema es que "el trabajo que hay en la empresa no da para los 182", apunta el presidente de la Asociación de Padres. ¿Qué ocurrirá en esa situación, ante la probable salida de Fundosa?: "Habrá que estudiarlo", dice. Y en ello está el gabinete jurídico-económico que asesora a APTA, el cual está elaborando un informe de la situación; de la carga financiera del centro especial y sobre para cuántas personas podría dar trabajo en las circunstancias actuales. "Le encargamos una pequeña auditoría, que refleje la imagen fiel del estado en el que está la fábrica, la carga de trabajo, la plantilla, los costes, etcétera; una valoración total del centro", añade Joaquín Fernández.
En cuanto ese informe esté elaborado, la directiva convocará a una asamblea a los padres, a los que ya les ha enviado una primera información mediante una carta.
El presidente de la Asociación de Padres de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo también quiere hacer un llamamiento al Ayuntamiento y al Principado para que incluyan cláusulas sociales en los contratos para el suministro de prendas de trabajo, como las de los bomberos, Policía Local y trabajadores de empresas municipales. Quiere que sigan el ejemplo del País Vasco, donde existen centros de empleo con más de 3.000 discapacitados gracias a ese tipo de apoyos e incluso allí el gobierno autonómico forma parte del patronato de esos centros. "Desde aquí lanzamos un S.O.S. a todas las instituciones municipales y provinciales", agrega. En particular, Joaquín Fernández recuerda que APTA es el único centro en Asturias homologado para fabricar trajes de bomberos "que contratan con empresas de fuera". La fabricación de cableado, la jardinería y el corte y confección son otras de las habilidades para las que está formado el personal de APTA.
Fernández ya ha solicitado una entrevista con la Alcaldesa, Carmen Moriyón, para trasladarle la situación y hará lo propio con algún departamento del Principado.
El presidente de la Asociación de Padres también señala que si las instalaciones de APTA en el Piles pasaron el año pasado a manos de Fundosa fue para que la Asociación pudiera concurrir con el porcentaje que le correspondía a una ampliación de capital en APTA, necesaria para mantener el centro. El precio fue de unos 3,5 o 3,8 millones de euros, recuerda. La operación se hizo con el compromiso de Fundosa de revertir a APTA cualquier plusvalía que obtengan en una futura venta o de revertir la compra "si algún día cambian las tornas".
También quiere negar que estén teniendo una actitud pasiva ante la decisión de Fundosa de marcharse. Respecto a los padres que se están organizando al margen de la asociación para iniciar protestas contra esa salida, Fernández dice: "Respetamos las opiniones de todo el mundo, pero nosotros no queremos dañar la imagen de nadie, ni del Principado, ni del Ayuntamiento, ni de Fundosa ni de la propia empresa", y agrega que "nuestra preocupación es la misma. Tan padres son los que fueron a esa reunión como los que no", a lo que añade que algunos de los padres de discapacitados que acudieron a esa reunión ya no están afectados directamente, dado que sus hijos salieron de la empresa en el ERE de 2011.