La Fiscalía pide imputar a otros 16 técnicos de Dique Torres por los sobrecostes de El Musel

El exalcalde de Carreño declara ante el juez que actuó "en defensa del municipio" en relación con el desmonte del Alto de Aboño

17.10.2015 | 05:02
El exalcalde de Carreño, a la izquierda, junto a su abogado, ayer, a las puertas de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía pedirá la imputación en la causa de dieciséis personas más vinculadas a la UTE que realizó las obras de ampliación de El Musel, Dique Torres, según se supo ayer en la Audiencia Nacional, donde declararon como imputados por supuestas irregularidades en la actuación portuaria el exalcalde de Carreño, Manuel Angel Riego; y el que fuera gerente de Dique Torres entre 2009 y 2011, David López.

Riego declaró ayer ante el titular del Juzgado central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, que "no" incurrió, "en ningún caso, en contradicción alguna, en mis decisiones como miembro del Consejo de Administración del puerto de Gijón y como alcalde de Carreño". Y se declaró "orgullosísimo" de sus decisiones como miembro del Consejo de Administración del puerto, que dijo estar avalada por Puertos del Estado y la Intervención General.

Acompañado de su abogado, Luis Tuero, quien anunció que pedirá "el sobreseimiento de las diligencias", el exmandatario de Carreño aseguró que "llevo dos meses, que hemos pasado angustiados yo y mi familia, esperando este momento para poder defenderme". "No tenía que haber estado aquí", aseguró, "porque nada tenemos que ver en Carreño con irregularidad alguna. No hay ninguna contradicción. Defendimos los intereses generales del municipio. Primero defendimos a una zona, de Perlora, y después volvimos a defender el tema del Alto de Aboño". Riego aseveró que "no es que lo dijera yo o lo dijera el Ayuntamiento, eran decisiones respaldadas por el Tribunal Supremo". Además, terminó, "me siento orgullosísimo de mi actuación en el Consejo del puerto porque se hizo una obra que es la más importante del norte de España".

La Fiscalía Anticorrupción considera que el exalcalde podría haber cometido un delito de prevaricación por "conducta contradictoria". El fiscal Miguel Serrano Solís dice que Ángel Riego actuó "en su doble condición de vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria y de alcalde de Carreño y con una relevancia jurídica penal en tanto que pudiera implicar una directa responsabilidad en la posible arbitrariedad en las resoluciones unánimemente adoptadas por la Autoridad Portuaria de Gijón a la hora de adjudicar el contrato y su modificación posterior, y en la resolución de suspensión de licencias para usos relacionados con canteras" en su municipio.

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