El pasado día 15 de octubre se inauguró en la sede de Puertos del Estado en Madrid el vigésimo curso iberoamericano de gestión portuaria que el citado organismo público imparte en colaboración con la Comisión Interministerial de Puertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el fin de que personal directivo de puertos suramericanos pueda recibir un periodo de formación en nuestro país.
Hasta aquí no hay nada fuera de lo normal salvo que uno de los profesores llamados a impartir este curso por el organismo dependiente del Ministerio de Fomento, Juan Ramón García Notario, abogado del Estado en excedencia y ex alto cargo de Puertos del Estado, defiende los intereses de la UTE Dique Torres, adjudicataria de las obras de ampliación de El Musel, en la demanda que la unión temporal de empresas presentó en los juzgados contra la Autoridad Portuaria gijonesa, a la que reclama el abono de 350 millones de euros.
Esta decisión ha causado enorme malestar en el Puerto gijonés, por cuanto la elección de los profesores del citado curso corresponde a Puertos del Estado, quien, según fuentes portuarias gijonesas, "no parece respetar las reglas que permiten prevenir o evitar conflictos de intereses o, más simplemente, ser institucionalmente corresponsable o leal con las Autoridades Portuarias en general y, en particular, con las radicada en Comunidades Autónomas donde el color del gobierno no coincide con el del PP".
La carga de profundidad desde Gijón se dirige principalmente contra al presidente de Puertos del Estado, que estuvo al frente del organismos entre 2000 y 2004 cuando Francisco Álvarez-Castro era ministro de Fomento y de 2011 a 2015, con Ana Pastor al frente de la misma cartera. Según las mismas fuentes, Llorca "no se ha caracterizado por la defensa de los intereses de Asturias en lo relativo a las cuestiones portuarias, mientras que en Galicia su departamento mira para otro lado cuando se trata de la obra de "Punta Langosteira" en el puerto de La Coruña". En Gijón no se entiende que no se mida con el mismo rasero a El Musel y a la dársena coruñesa, con una obra que sufrió un incremento presupuestario próximo al 100% respecto al de adjudicación, "lo que sitúa el coste de la infraestructura, aún sin acabar ni explotar, en la nada desdeñable cifra de 1.000 millones de euros", según las mismas fuentes.
