La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) informó ayer de que va a ejecutar voluntariamente las sentencias del Tribunal Supremo que reconocen el derecho a prejubilados de empresas de ese holding, entre ellos los del astillero Izar Gijón, a que les actualicen sus pensiones conforme a lo que se había pactado en los expedientes de regulación de empleo.
La SEPI toma esta decisión tras las protestas que ha habido en las últimas semanas en distintos puntos de España. En Gijón hay unos 230 antiguos trabajadores del extinto astillero público, a los que les congelaron sus pensiones desde el año 2012. De media, cada trabajador cobrará ahora entre 2.500 y 3.000 euros de atrasos, correspondientes a las actualizaciones en base al incremento del IPC desde aquella fecha.
