Supuestas irregularidades en torno a la ampliación portuaria

El juez rechaza imputar a directivos de Tudela Veguín por la obra de El Musel

El magistrado considera que el presunto delito fiscal por pagos en especie a la cementera no tiene conexión con la causa y dilataría la instrucción

29.10.2015 | 04:11
Trabajo de extracción de materiales por parte de Dique Torres en 2010 en Peña María, terrenos de Tudela Veguín colindantes con su fábrica de cemento en Aboño.

El juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional ha rechazado citar como imputados a directivos de Tudela Veguín en el caso de la obra de ampliación de El Musel por un supuesto delito fiscal, relacionado con los supuestos pagos en especie con que responsables de la UTE Dique Torres (que hizo la obra de El Musel) dicen haber compensado a la cementera por la extracción de piedra de sus canteras. El juez no se pronuncia sobre si hay indicios o no de ese supuesto delito, pero rechaza incluir esa investigación dentro del caso de El Musel. Tanto el Abogado del Estado como la Fiscalía Anticorrupción habían solicitado la ampliación de la causa en ese sentido y la citación como imputados de los administradores de Tudela Veguín entre 2005 y 2010 y de varios exdirectivos de Dique Torres.

El coste real que tuvieron para las empresas constructoras los materiales que extrajo de las canteras de Tudela Veguín, en La Hoya y Peña María, es uno de los elementos cruciales de la investigación de las supuestas irregularidades en la obra de ampliación. La Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) señaló, en el informe que dio pie a la causa penal, que mientras la UTE Dique Torres y la Autoridad Portuaria pactaban un incremento del presupuesto de la obra de 250 millones de euros, justificándolo fundamentalmente por el encarecimiento de los materiales de cantera, la UTE llegaba a acuerdos con Tudela Veguín para asegurarse la mayor parte de esos materiales "sin contraprestación económica directa" a cambio: Dique Torres extrajo de los terrenos de Tudela Veguín 23,85 toneladas de piedras y tierra, pagando sólo los gastos de extracción a la cementera; 7,7 millones de euros, según la OLAF.

Sin embargo, Dique Torres sostiene que en realidad compensó a Tudela Veguín con contraprestaciones valoradas en 150 millones de euros. La petición de la Abogacía del Estado, respaldada por la fiscalía, para investigar un supuesto delito fiscal se había producido después de que Juan Miguel Pérez Rodríguez, exgerente de Dique Torres, declarara en el juzgado que de esos 150 millones de euros unos 70 millones se corresponderían con la compra de cemento para la obra y los 80 restantes con trabajos que Dique Torres efectuó para Tudela Veguín sin facturárselos, algo que, de ser cierto, podría suponer defraudación en el IVA y en el impuesto de sociedades.

El auto dictado el pasado 30 de septiembre por el magistrado Juan Pablo González González, no estima oportuno mezclar la investigación de ese supuesto delito fiscal de la cementera con la instrucción de las supuestas irregularidades en la ampliación portuaria, "sin perjuicio de que por el Ministerio Fiscal o por parte denunciante puede interponerse la correspondiente denuncia o querella ante la jurisdicción competente".

En el caso de El Musel ya se investigan seis supuestos delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación. El magistrado da dos razones para dejar al margen el supuesto delito fiscal: por un lado, considera que no existe conexión entre el delito fiscal "que pudieran haber cometido en el ejercicio 2009 los responsables de la entidad mercantil Tudela Veguín" y los delitos que dieron lugar a la apertura del procedimiento penal en la Audiencia Nacional por la obra portuaria. Por otro lado, el juez estima que la unificación en una misma causa de ambas investigaciones "únicamente serviría para provocar dilaciones en la tramitación de la causa principal", esto es, demoras en la instrucción. En cuanto a la falta de conexión entre el supuesto delito fiscal y los que se investigan en torno a la ampliación, el juez dice que "no existe identidad entre las personas imputadas, y la relación existente entre las infracciones es meramente coyuntural o accidental".

El Ministerio Fiscal había secundado en su día la ampliación de la investigación a un supuesto delito fiscal no sólo en base a las declaraciones de Juan Miguel Pérez, sino también a los contratos suscritos entre Tudela Veguín y Dique Torres para la explotación de las canteras de la cementera. En uno de ellos, el fechado el 11 de enero de 2006 para el desmonte de Peña María, Dique Torres asumió la obligación de ejecutar una serie de labores "le sea útil o no para la realización de la obra descrita", señalaba el contrato, tal como recogió el fiscal en su escrito del pasado mes de julio.

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