El fiscal y el Puerto, de la mano en la petición de 6 años para el directivo acusado de estafa

El Musel reclama al procesado los 260.000 euros que supuestamente obtuvo con facturas falsas y los 400.000 de sueldo que cobró tras ser expedientado

19.11.2015 | 04:28
H. E. M. P., a la izquierda, y su abogado Armando Menéndez, a la salida del Palacio de Justicia.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a la Autoridad Portuaria, mantuvieron ayer la petición de seis años de cárcel para el directivo del Puerto H. E. M. P. en la conclusión del juicio que contra él se celebró en la Sección Octava de la Audiencia Provincial por sendos delitos continuados de falsedad en documento mercantil y estafa. H. E. M. P. está acusado de apropiarse supuestamente de 260.000 euros del Puerto mediante facturas falsas de una empresa presuntamente inexistente.

En el caso de ser condenado, el directivo se podría enfrentar no sólo a tener que indemnizar al Puerto con esos 260.000 euros y al pago de una multa de otros 7.200, como solicita el fiscal, sino también a tener que devolver a la Autoridad Portuaria los alrededor de 400.000 euros de salarios que ha cobrado desde que fue expedientado hace más de un año. El Puerto lo ha suspendido de empleo pero no de sueldo hasta que haya una sentencia en la que el abogado del Estado solicitó que se refleje la obligación del acusado de reintegrar los salarios.

Ayer se celebró la tercera sesión del juicio, en la que las acusaciones y la defensa formularon sus conclusiones. Para el ministerio público, el acusado, jefe del departamento de gestión del conocimiento de la Autoridad Portuaria, firmó supuestamente 37 facturas falsas de una empresa ficticia, The European Institute For Maritime Studies, para abonar informes supuestamente inexistentes y supuestas labores de lobby ante la UE para la Autoridad Portuaria. El dinero fue a parar a una cuenta corriente de Bélgica en la que la única persona con firma era el propio acusado. Esa última cuestión fue una de las cuestiones en las que ayer hizo hincapié el fiscal, añadiendo que las facturas no llegaron al Puerto por la vía ordinaria, sino que el acusado las entregó en mano para su abono.

En el mismo sentido se posicionó el abogado del Estado, quien consideró que el acusado se ha "prevalido de su cargo público para estas actuaciones, con perjuicio al erario público".

Por su parte, la defensa insistió en la existencia de la empresa y la realización de los servicios que fueron abonados a la misma, apuntando que The European Institute For Maritime Studies fue el nombre que adoptó un lobby denominado Amri, cuando éste tuvo que dejar su condición de organización sin ánimo de lucro, al cesar las subvenciones que percibía del Parlamento Europeo, para pasar a facturar sus servicios a los clientes. Añadió que con el pago que aquellos 260.000 euros, el Puerto obtuvo subvenciones europeas por 980.000.

Por su parte, H. E. M. P., que tuvo la última palabra como acusado, puso en duda la capacidad del directivo del Puerto que elaboró el informe que dio lugar a la denuncia dado que "no sabe inglés y por lo tanto es imposible que haya podido analizar exhaustivamente la documentación de diez años y 150 proyectos en sólo tres meses. Desconoce el idioma y el tema, porque no es experto en I+D", declaró.

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