El Ministerio Fiscal solicitó ampliar de tres a cinco años la prohibición de acceso a recintos deportivos a los siete ultras implicados en la trifulca que tuvo lugar durante el partido entre el Sporting y el Córdoba el 11 de mayo de 2013 en El Molinón. El fiscal mantuvo la petición de la condena total de 29 años y dos meses de cárcel para todos ellos (entre los tres años y medio y los siete años y medio para cada uno), aunque retiró la acusación por delito de falta de lesiones hacia una de las vigilantes del campo de fútbol. Los acusados se declararon inocentes y se defendieron señalando que su protesta previa al encuentro "se trataba de una marcha silenciosa" y que la actuación policial durante el partido "fue una carga injustificada", según relató I. D. R., en el juicio celebrado ayer en el juzgado de lo penal número dos de Gijón, y que quedó visto para sentencia. Además negaron que al término del duelo se acercasen a la puerta de entrada al parking, donde habían sido agredidos otros dos vigilantes de seguridad que intentaban impedir el acceso de los aficionados.
Para cinco de los siete acusados el fiscal solicitó 3 años y medio de cárcel por el delito de desórdenes públicos. A B. R. N. se le pidieron ocho meses más de condena al añadir un delito de resistencia, cuando iba a ser identificado por las fuerzas del orden, lo que produjo que fuera detenido en el túnel de vestuarios hasta el final del partido. Y a R. P. O. siete años y medio de presión al incluir dos delitos más, uno de atentando y otro de lesiones. De los siete acusados, solo uno de ellos, V. G. F., no se declaró habitual de ese sector de la grada, un apunte que respaldaron el resto de los acusados. "Me cogieron a mí como podrían haber cogido a otros", dijo. El fiscal presentó vídeos e imágenes -sin que se reconociesen en las mismas ninguno de los acusados-, junto a testimonios policiales, para demostrar la presencia de los acusados en la movilización en el fondo sur y en los vomitorios de El Molinón, "creando un riesgo para el resto de asistentes ante las avalanchas que dicha conducta iba a generar", y también su implicación en las agresiones a los miembros de seguridad que intentaba evitar el acceso a la zona de aparcamiento. Uno de los afectados declaró que tuvo que someterse a dos intervenciones quirúrgicas, estando 170 días de baja, por "intentar auxiliar a un compañero al que estaban golpeando en la cabeza". Su letrado, Julio César Alonso, subrayó además que "los hechos más graves se produjeron en el parking. Hubo mucha suerte porque los acusados tenían una intención más grave con su actuación temeraria, que por suerte no se llevó a cabo". Guillermo Calvo, abogado de cuatro de los acusados, indicó que "no ha quedado probado nada de las pruebas otorgadas por el Ministerio Fiscal para ratificar su escrito de acusación" y añadió que "no entendemos ni el asunto de los desórdenes públicos ni cualquier otra de las infracciones de nuestros clientes".
En la vista oral, entre otros, declararon el expresidente Manuel Vega-Arango y el presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, José María Suárez Braña, que explicaron el ambiente que reinaba en aquel encuentro en la grada. Vega-Arango indicó que las protestas de ese sector "eran algo habitual durante el año porque el equipo no marchaba bien" y que iban destinadas al consejo de administración y no a los jugadores. Suárez Braña, por su parte, sí reconoció que aquel día "hubo un clima fuerte de tensión" y que a la salida del campo "me insultaron, como sucedió varias veces durante todo el año, y me asusté y tuve que cambiar de itinerario".
