Los exconcejales del Partido Popular críticos con la organización de los dos últimos congresos celebrados en Gijón para elegir presidente de la formación política exigieron ayer a la dirigente regional del PP, Mercedes Fernández, que aparte de los cargos de confianza del partido a las personas que organizaron el cónclave anulado por los tribunales y en el que resultó presidente David González Medina. "Son personas que están tachadas como tramposas por la justicia. El juez dijo que lo habían hecho mal y aún así se les premió", criticó el exedil Gabriel Díaz.

Los concejales -entre los que no comparecieron ni Maite Menéndez ni Manuel Pecharromán, ambos por "motivos personales"-, aseguran que las pruebas que han presentado ante los tribunales en la demanda por el congreso en el que se eligió a Mariano Marín -el extraordinario celebrado tras la anulación judicial del anterior-, han podido demostrar que el Partido Popular no cuenta con los 3.526 afiliados que se pusieron como base para la obtención de avales. "Había 323 personas de baja y al menos 158 fallecidos que seguían inscritos en las listas del partido. Si hacemos un cálculo con los ingresos que tiene por afiliados el PP de Gijón nos da como resultado que, como máximo, hay 726 afiliados", recalcó Díaz. Fuentes del PP, por su parte, matizan que en los congresos se establece como base para conseguir avales "el total de los afiliados y no sólo los que están al corriente de pago" y achacan a un "error" la presencia de fallecidos en el censo.

Para otro de los exconcejales, Francisco Cubiella, estos datos demuestran que era "exagerado" pedir medio millar de avales para optar a la presidencia del partido. "A nivel de Asturias Mercedes Fernández necesitó sólo 200 avales para presentarse", aseguró ayer el que fuera edil del PP en el Ayuntamiento.

Los críticos cargaron duramente, además, contra las personas que ostentan cargos en diversas instituciones gracias al partido y dieron nombres como los de Manuel del Castilllo, Rodrigo Pintueles, Isabel Casielles, Pablo González o Dorinda García. "Mercedes Fernández les ha pagado por el trabajo que hicieron organizando los últimos congresos", sentenció Gabriel Díaz. La sentencia acerca de la legalidad o no de este segundo cónclave podría llegar en diciembre.