La fotocopia de 61 supuestas actas internas de la UTE Dique Torres, que llegaron de forma anónima a la Fiscalía Anticorrupción, revelan que la oferta a la que la Autoridad Portuaria adjudicó la obra de ampliación era supuestamente inconsistente tanto desde el punto de vista técnico del proyecto constructivo como en cuanto a precios. También revelan, en opinión del Ministerio Fiscal, que Dique Torres era plenamente consciente de esas carencias hasta el punto que en enero de 2005, cuatro meses antes de iniciar los vertidos al mar, la UTE ya comenzó a preparar el modificado del proyecto que derivó en la aprobación de unos sobrecostes de 250,9 millones de euros casi tres años después.
Las más de 300 páginas que conforman esas 61 supuestas actas rubricadas del Comité de Gerencia de Dique Torres están fechadas entre el 27 de enero de 2005 y el 25 de febrero de 2010. Llegaron a Anticorrupción el pasado 3 de agosto, acompañadas por un escrito anónimo. El 19 de noviembre, el juez aceptó la petición que un mes antes le había formulado el Fiscal para incluir esas fotocopias en el sumario sobre el caso de supuestas irregularidades en la obra de ampliación de El Musel que se instruye en el Juzgado Central número tres de la Audiencia Nacional, en Madrid
Anticorrupción había planteado al juez, en su escrito del 13 de octubre pasado, que el contenido de esas supuestas actas refleja "información relevante" para la investigación, extrayendo, como botón de muestra, algunas de las cuestiones supuestamente tratadas en los Comités de Gerencia de la UTE tras la adjudicación de las obras. En esas primeras actas se refleja que las empresas ya empiezan a plantearse cómo presentar un modificado del proyecto al mismo inicio de las obras, al mismo tiempo que hacen una planificación de los trabajos en base a la oferta presentada "como si pudiese hacerse".
Tras haber estudiado los documentos, la Fiscalía señala que "muchas de las actas ya ponen de manifiesto que la oferta de licitación presentada por la UTE Dique Torres podría carecer de una mínima consistencia en cuestiones tan esenciales como el proyecto constructivo y el precio, y que desde un primer momento la unión de empresas adjudicataria tenía pleno conocimiento de estas deficiencias y contaba con la preparación de un planificado, en fechas incluso anteriores al comienzo de la obra marítima en el mes de mayo de 2005".
La Autoridad Portuaria de Gijón adjudicó la obra de ampliación a la UTE Dique Torres el 4 de enero de 2005. En la primera reunión del Comité de Gerencia de la UTE de finales de ese mes, según la fotocopia de las supuestas actas, ya se da el primer paso para rehacer el proyecto y reclamar sobrecostes, para lo que al mes siguiente se contrata a la ingeniería Intecsa. De forma paralela, los directivos de las constructoras plantean planificar la solución ofertada "como si pudiese hacerse" y "con mucha discreción" hacer un estudio económico de las modificaciones del proyecto.
Las incógnitas técnicas en la primera fase de la obra, la denominada Mota 1 (primer terreno ganado al mar junto al cabo de Torres), en el entronque proyectado entre el Dique Torres y el Dique Norte o en el proceso de fabricación de los grandes cajones de hormigón que conforman el Dique Norte y el Muelle Norte son algunas de las cuestiones que se reflejan en las supuestas actas del inicio de la obra. También el acuerdo con Tudela Veguín para obtener material de cantera y los planteamientos de la UTE para revisar precios unitarios de la obra, esto es, su coste. Los vertidos de material al mar acabaron comenzando en mayo de 2005, tras el cese de la entonces gerente de Dique Torres, Ana Dizy.
Las supuestas inconsistencias del proyecto ya habían sido puestas de manifiesto en el informe pericial elaborado por dos interventoras de la IGAE, en el que éstas consideran inviable técnicamente el proyecto presentado por Dique Torres a la par que irregular, al modificar varios de los precios de unidades de obra de la licitación.
La investigación penal en la Audiencia Nacional tiene como base el informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) sobre las supuestas irregularidades en la contratación y ejecución de la obra, en el que ese organismo europeo pone en duda la realidad de la cantidad de materiales y los precios que se declararon. Uno de los apuntes de la OLAF es que Dique Torres se negó a facilitarles su documentación contable. El juez ha pedido ahora toda la documentación generada por la UTE a la empresa que la custodia y la fiscalía quiere que se cotejen con las fotocopias de las supuestas actas los documentos que ahora entregue la empresa de custodia.
