Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN), que ejerce la acusación popular en el caso de El Musel, considera que las fotocopias de las actas "de ser ciertas" confirmarían, en su opinión, "que no sólo hubo irregularidades en el modificado de 250 millones, sino que ya en la primera licitación se incurrió en manifiestas falsedades".
La obra se adjudicó en casi 500 millones de euros cuando los informes internos de la UTE "apuntaban la necesidad de una modificación ante las graves deficiencias existentes en el proyecto de licitación presentado".
El Observatorio Ciudadano Anticorrupción considera que las actas remitidas a la fiscalía hacen que la defensa del exgerente de la UTE carezca "de toda consistencia", mientras que pusieron en duda que el Puerto hubiera aplicado "controles férreos" a la UTE.
