La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una pena de prisión que asciende a un total de 50 años para los integrantes de una red de tráfico de cocaína en Gijón, a razón de 10 años de cárcel para cada acusado.
El ministerio público considera probado, a raíz de unas investigaciones y escuchas telefónicas practicadas por la Policía, que los acusados acudían con frecuencia a Madrid para hacerse con la droga. De hecho, los agentes localizaron el pasado mes de abril casi un kilo de cocaína oculto en el intermitente trasero del vehículo que usaban los acusados para transportar la sustancia estupefaciente. El hallazgo se produjo tras dar el alto la Policía al coche en la autopista del Huerna, a su regreso de la capital española.
La droga les era suministrada allí por un individuos que no ha podido ser localizado. Pero los investigadores tienen claro que los acusados tenían constituida una red logística en la que "cada uno tenía perfectamente definidas sus funciones", tal y como consta en el escrito de acusación. Así, la organización estaría formada por dos varones, en la cúspide de la trama, con otras tres mujeres en un eslabón inferior de la cadena. Para desarrollar su actividad de distribución de la droga los acusados usarían un domicilio en la ciudad de Gijón, propiedad de dos de los encausados.
El 18 de abril del año pasado los acusados prepararon un viaje de traslado de droga de Madrid a Gijón en dos vehículos. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que realizaban labores de vigilancia dieron el alto a uno de los vehículos, en el que encontraron 971 gramos de cocaína escondidos en un intermitente, destinada a su venta o intercambio por efectos valiosos. La sustancia intervenida hubiera alcanzado en el mercado ilícito un valor de más de 56.000 euros.
El mismo día se procedió a registrar el domicilio donde vivían tres de los acusados, y en él localizaron varios teléfonos móviles, tarjetas, varias balanzas de precisión, billetes fraccionados y 72 gramos de cocaína. Uno de los acusados llevaba encima más de 2.000 euros en billetes.
La Fiscalía considera que los acusados son autores de un delito contra la salud pública, y por ello solicita que se condene a cada uno de ellos a un total de 10 años de prisión y el pago de una multa de 180.000 euros. Además, para una de las acusadas se pide la expulsión de España por su situación irregular. La vista oral tiene lugar hoy en la Audiencia gijonesa.
