La UTE Dique Torres, que ejecutó la obra de ampliación de El Musel, decidió contratar a finales de 2005, sólo seis meses después de iniciar los vertidos al mar, los servicios del exjefe jurídico de Puertos del Estado, Juan Ramón García Notario, para el asesoramiento legal de cara a la reclamación a la Autoridad Portuaria de Gijón de una modificación del proyecto de obra. Algo que finalmente se produjo en 2007 con un aumento del presupuesto de 251 millones de euros, incluido IVA, y un alargamiento del plazo de ejecución en dos años.
Los sobrecostes que finalmente pagó el Puerto no llegaron a esa cifra. La obra, adjudicada en 499 millones (sin incluir el IVA), acabó saliendo por 708,78, de los que 124 fueron los sobrecostes aceptados por El Musel y otros 85,67 millones actualización de precios. Unas cifras insuficientes a criterio de Dique Torres, que en 2013 demandó al Puerto para reclamarle otros 350 millones de euros (329 de ellos de supuestos sobrecostes). Esa demanda elaborada por el bufete de García Notario está paralizada en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias a la espera de que se resuelva el caso penal sobre las supuestas irregularidades en la ampliación que investiga la Audiencia Nacional.
La contratación de García Notario y algunos de los informes que elaboró su bufete para propiciar la modificación del contrato de la obra se reseñan en las fotocopias de las 61 actas del Comité de Gerencia de Dique Torres que un anónimo remitió a la Fiscalía Anticorrupción y que se han incorporado al sumario.
El Comité de Gerencia decidió en noviembre de 2005 contratar los servicios de García Notario inicialmente para que realizara "un informe jurídico de incumplimientos contractuales por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón" para formar parte de un dossier con el que la UTE pretendía justificar los retrasos en la ejecución de la obra y defender la modificación del proyecto y los sobrecostes.
Ese fue el planteamiento de Dique Torres ante la carta de la Autoridad Portuaria sobre los retrasos sobre el programa de trabajos. "El informe jurídico deberá hacer hincapié en la falta de suministro de material desde la cantera de Aboño, lo cual debe ser justificación suficiente de los retrasos producidos", señala ese acta. El Puerto había negociado con HC poner a disposición del adjudicatario de la obra esa cantera, que a la postre tuvo retrasos en su explotación.
El dossier, con un "estudio de viabilidad del proyecto contratado y necesidad de plantear modificaciones al mismo" se entregó finalmente al presidente y al director de El Musel en la reunión que mantuvieron con representantes de la UTE el 16 de enero de 2006, pero no se incluyó en el mismo el informe jurídico de Juan Ramón García Notario. Este abogado es uno de los más reputados especialistas en derecho portuario y urbanístico. Abogado del Estado en excedencia, García Notario dirigió los servicios jurídicos de Puertos del Estado durante la primera etapa al frente de este ente de José Llorca, cuando Francisco Álvarez-Cascos era ministro de Fomento.
Hasta enero de 2007, los abogados García Notario y Carlos Rodríguez-Villasante (exasesor jurídico del Ministerio de Defensa) habían realizado al menos seis informes sobre la viabilidad de modificar el contrato o asuntos conexos: El estudio jurídico de viabilidad de la modificación del contrato, la propuesta de redacción de dicho modificado; informes sobre las canteras como el análisis del borrador del contrato de explotación de la cantera de Aboño, el análisis de la repercusión de la firma del contrato para la explotación de la cantera de Aboño con HC, la Autoridad Portuaria y Sato sobre la propuesta de modificación del contrato y el análisis de la vinculación entre los dos contratos firmados con Tudela Veguín y el parecer jurídico sobre el informe técnico del profesor Losada de la Universidad de Granada (en el que ponía reparos a modificaciones de los diques propuestas por la UTE).
A partir de 2007, Dique Torres contrató como "asistencia jurídica permanente" mediante una iguala, los servicios del bufete de García Notario.
