El Real Grupo de Cultura Covadonga decidió ayer, tras una reunión de urgencia de su junta directiva, desconvocar la asamblea prevista para el próximo lunes, 28 de diciembre, y frenar el proceso electoral que se iba a abrir en esa reunión, tras anunciarse hace semanas el adelanto de las elecciones en el club. El motivo de esta decisión es un auto judicial de orden de ejecución provisional que obliga al Grupo a admitir a 228 socios del Centro Asturiano de La Habana, como consecuencia de la polémica fusión de ambas entidades, a la que se opone la actual directiva grupista.
El juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón notificó ayer al Grupo un auto en el que se le requiere que autorice el acceso a las instalaciones grupistas a los 228 socios del Centro Asturiano que lo habían solicitado por vía judicial. El auto señala además que se entregue a los reclamantes "si fuera necesario" el correspondiente carnet de socios, "permitiéndoles el ejercicio de cuantos derechos les correspondiera a los socios de número del Grupo conforme a la ley a los estatutos".
El auto da al club que preside Enrique Tamargo un plazo de treinta días para permitir el acceso de los socios del Centro Asturiano, pero sólo a los 228 que llevan meses pleiteando contra la institución grupista. El resto de los socios de la entidad de Mareo tendrán que optar por idéntica vía legal para optar a conseguir su inclusión en el Grupo.
La directiva grupista, reunida ayer tras tener conocimiento del requerimiento judicial, decidió desconvocar la asamblea y suspender el proceso electoral abierto, "para garantizar adecuadamente los derechos que en su caso pudieran corresponder a esas personas". Desde el club se es consciente de que de seguir adelante con la asamblea y el proceso electoral ocasionaría la impugnación, a pesar de que desde la entidad aún se confía en que el Tribunal Supremo les dé la razón, en su oposición a la fusión con el Centro Asturiano.
El Grupo dispone ahora de un plazo de cinco días para presentar recurso de revisión del auto judicial recién conocido, aunque en todos caso ese recurso "carecerá de efectos suspensivos", por lo que no cabe rechazar la orden del juzgado de autorizar el acceso a los 228 demandantes.
La decisión de recurrir o no el auto del juzgado número 2 de Gijón está "en manos de los abogados" del Grupo, según fuentes del club. También se estudia si es factible por vía legal permitir el acceso a las instalaciones, actividades y cursillos de los 228 socios sin reconocer sus derechos sociales, esto es, que no puedan votar en las elecciones ni presentarse candidatos en tanto no resuelva el Supremo.
