La nueva juez que instruye el caso de El Musel, Carmen Lamela Díaz, ha decidido mantener el criterio de su predecesor, el juez Juan Pablo González González, al rechazar ampliar la investigación a un supuesto delito fiscal que habría cometido por Tudela Veguín al recibir pagos en especie y sin facturar a cambio de la piedra de sus canteras que facilitó a la UTE Dique Torres para la obra de ampliación de El Musel. Esa es la tesis exculpatoria que defiende Dique Torres frente al informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) que sostiene que la UTE reclamaba sobrecostes por el supuesto encarecimiento de la piedra para la obra, a la vez que obtenía la mayor parte del material de las canteras de Tudela Veguín "sin contraprestación económica directa".
La nueva magistrada que está al frente del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha rechazado, mediante un auto dictado el pasado día 4, la solicitud del Abogado del Estado para ampliar el caso investigando a la cementera y a directivos de la misma.
El Abogado del Estado ya había solicitado el pasado 14 de julio imputar a directivos de la cementera después de que uno de los exgerentes de la UTE Dique Torres declarara ante el juez como imputado que las empresas constructoras realizaron trabajos por valor de unos 80 millones de euros para la cementera, como contraprestación a la extracción de piedra de sus canteras de La Hoya y Peña María, ambas en Carreño.
Su petición, respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, fue desestimada por el anterior magistrado de la causa. Éste no entró a valorar si había o no indicios de un supuesto delito fiscal, sino que indicó que el mismo no tendría conexión con el caso del supuesto fraude en la obra portuaria y, además, que incluirlo en la misma provocaría una dilatación del proceso.
El Abogado del Estado, apoyado por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular ejercida por José Prendes, presentó un recurso de reforma contra aquella decisión, que es el que ahora ha desestimado la nueva juez. Su decisión ya ha sido apelada ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la que tendrá la última palabra.
La juez explica en el auto por qué no atiende la petición del Estado: "El nuevo delito contra la Hacienda Pública que se denuncia por la Abogacía del Estado no es conexo a los que se investigan en el presente procedimiento" en el sentido que entiende como delitos conexos la nueva redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor el pasado 6 de diciembre.
Además, la magistrada considera que no existen motivos que justifiquen una investigación conjunta debido a que "la presente causa ya por sí es lo suficientemente compleja, tanto por la naturaleza de los hechos y delitos investigados como por el número de personas investigadas, como para ampliarla a la investigación de nuevos hechos", algo que de hacerse tendría que ser mediante "la formulación de una pieza separada".
La instructora recuerda que el Abogado del Estado solicitó en julio pasado no sólo investigar el supuesto delito fiscal por los pagos en especie de Dique Torres a Tudela Veguín, sino la revisión de todas las declaraciones de impuestos de la cementera en 2009, lo que podría aumentar aún más la "complejidad" del caso, algo que podría "provocar un retraso injustificado en la instrucción del procedimiento".
El auto de la juez también tiene por renunciado al Sindicato Manos Limpias del ejercicio de la acción penal, con lo que no entra a analizar el recurso que había presentado Ocan contra la decisión de que ambas organizaciones compartieran abogado como acusación popular.
