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Un empresario se enfrenta a tres años de cárcel por contratar de forma abusiva a extranjeros

El acusado imponía a sus empelados unas jornadas laborales de más de 15 horas diarias, sin descansos, ni vacaciones, con un salario de 200 euros al mes

13.01.2016 | 19:01

La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de un acusado de tener empleados a trabajadores extranjeros en condiciones laborales abusivas y vejatorias, aprovechándose de su situación de necesidad. La vista oral se celebrará este jueves, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, a las 10.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, que en la fecha de los hechos regentaba un Kebab en la calle Ramón y Cajal de Gijón el 22 de abril de 2014), tenía empleados en su local a cuatro ciudadanos paquistaníes y un peruano en condiciones laborales abusivas y vejatorias, aprovechando su situación de necesidad.

Les imponía unas jornadas laborales de más de 15 horas diarias, sin descansos, ni vacaciones, con un salario de 200 euros al mes. Todos ellos vivían en una casa de alquiler propiedad del acusado y bajo su control, por lo que, si se negaban a desempeñar su trabajo, les amenazaba con deportarlos y echarlos de la vivienda. Esta situación laboral abarcó distintos periodos de tiempo, según el trabajador afectado. El que más permaneció en ella lo estuvo durante 16 meses.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y solicita que se condene al acusado a tres años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de diez meses con una cuota diaria de ocho euros (2.400 euros en total) con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y abono de las costas procesales.

Además, si en el momento de dictarse la sentencia, y ésta fuera condenatoria, el acusado se encontrara en situación irregular en España, el Ministerio Fiscal solicita que la pena se sustituya por su expulsión del territorio nacional durante seis años. Además, el Ministerio Fiscal pide que el acusado indemnice a uno de los trabajadores perjudicados (los demás han renunciado a toda reclamación) con 8.000 euros por los daños morales.

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