"Tras más de una decena de imputados, incluyendo cargos políticos del PSOE, se avanza en la hipótesis de que existió un fraude masivo para presuntamente favorecer a empresarios amigos". Esta es la valoración que ha hecho, a través de un comunicado, el Observatorio Ciudadano Anticorrupción (Ocan) -que ejerce la acción popular- tras el auto de la jueza que instruye el caso de El Musel en la Audiencia Nacional, en el que acuerda que declaren como inculpados 16 miembros del comité de dirección de la UTE Dique Torres. La instrucción de este caso se abrió a raíz de sendas denuncias de Ocan y de la Fiscalía Anticorrupción en base al informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) que apreció supuestas irregularidades en la adjudicación, ejecución y sobrecostes de la obra de ampliación portuaria.

Ocan recuerda que en actas de reuniones de la UTE con el Puerto se hace referencia a la ocultación del aumento del presupuesto de la obra (251 millones con IVA) durante más de un año, a la espera de que pasaran las elecciones autonómicas de 2007. En base a lo que recogen las 61 actas de la UTE remitidas al fiscal, Ocan añade que "ahora vemos que los sobrecostes de conocían antes de poner la primera piedra de la obra".

En un comunicado, el Observatorio Anticorrupción reprocha al PSOE que haya rechazado impulsar la Ley Anticorrupción en Asturias que planteó Podemos, que planteaba la creación de una unidad especializada e independiente. "La evolución del caso de los sobrecostes de El Musel da cuenta de la importancia de la independencia y de la necesidad de mecanismos de mejora del funcionamiento de las administraciones", señala el comunicado.