Jerónimo Blanco González, expresidente del comité de empresa de Arcelor-Mittal de Gijón, interpuso ayer, en su nombre y en el de los otros cuatro sindicalistas condenados (José Ángel Álvarez Novo, José Luis Alonso Cuesta, Neftalí Casares García y Alberto Bernardo Villalta Jiménez) por participar en un piquete en la huelga general de marzo del 2012, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque "somos inocentes de los delitos de los que se nos acusa y por ello pedimos el amparo al Tribunal Constitucional", explicó Blanco ayer en Madrid a las puertas del Constitucional.
Jerónimo Blanco, condenado al igual que sus compañeros por el juzgado de lo penal número 1 de Gijón y posteriormente por la Audiencia Provincial de Oviedo consideraba ayer que, de cualquier manera, sus condenas "responden a la intención del Gobierno y de los tribunales de ir contra los trabajadores, contra el movimiento sindical... Porque", reflexionaba, "qué curioso que nuestra sentencia salió el mismo día que se aprobaba la 'Ley mordaza'. Nos quieren doblegar, romper el espinazo, pero no lo van a conseguir, ni este Gobierno ni los que vengan después".
Blanco, que salió de Gijón el miércoles a las doce del mediodía realizó el recorrido entre Asturias y Madrid "a la velocidad de 50 km/hora o lo que es lo mismo, 10 Km./hora por cada sindicalista de MCA-UGT en ArcelorMittal "condenado, sin pruebas, sin testigos y sin denuncia policial".
En diciembre de 2014, el Juzgado de lo Penal número uno de Gijón condenó a los conocidos como "los cinco de Arcelor" a un total de 21 años de árcel. En concreto a José Ángel Álvarez Novo y a Jerónimo Blanco González a cinco años y tres meses de prisión (por un delito contra los derechos de los trabajadores y un delito de lesiones) y a José Luis Alonso Cuesta, Neftalí Casares García y Alberto Bernardo Villalta Jiménez a tres años y seis meses de prisión (por un delito contra la libertad de los trabajadores), además de una cuantiosa multa. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Oviedo revocó parcialmente la sentencia, que quedó en una pena de 21 meses de cárcel y 5.400 euros de multa para Jerónimo Blanco y José Ángel Novo y 5.400 euros de multa para los otros tres encasusados.
Ahora, con su recurso de amparo al Tribunal Constitucional, Blanco espera "que se revoque una condena injusta, que nos achaca un delito que no hemos cometido, sin testigos ni pruebas, y que sólo se explica desde esta cruzada contra los derechos de los trabajadores y la libertad sindical".
