La UTE Dique Torres -unión temporal de empresas integrada por Dragados, FSP, FCC, Sato y Alvargonzález Contratas para construir la ampliación de El Musel- se ha personado en el caso abierto en la Audiencia Nacional por las supuestas irregularidades en la contratación, ejecución y los sobrecostes de la ampliación portuaria. En el escrito en el que solicitó la personación, la UTE sostiene que está dispuesta a "colaborar" con la investigación judicial y adjunta la documentación interna que el juzgado solicitó a la empresa ICA Siglo XXI (que almacenaba la documentación de Dique Torres). Además niega que hubiera ocultado información a los investigadores de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), tal como señala el informe de este organismo europeo que dio pie a la apertura del proceso penal y a que la UE haya exigido la devolución de las subvenciones europeas a la obra de ampliación.
La decisión de la titular del juzgado central de instrucción número 3, del pasado día 13, de aceptar la personación de Dique Torres aún no es firme. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de reforma, al considerar que debe admitirse la documentación que presenta la UTE, pero no su personación. Por un lado, considera que Dique Torres "en ningún caso" puede personarse como perjudicada y que, por otra parte, "en el actual estado procesal de la causa" tampoco hay indicios que incriminen a Dique Torres como persona jurídica "para el caso de los delitos de estafa en el artículo 251 bis del Código Penal, supuesto que justificaría la personación en la causa y su consideración como parte" en las diligencias, según el recurso.
El informe de la OLAF, de febrero de 2014, relata los intentos baldíos de sus investigadores por acceder a documentación relevante de Dique Torres. Primero acudieron a la sede de Dragados, en Madrid, donde los remitieron a las oficinas de Dique Torres en Silvota (Llanera). Pese a que avisaron de esta segunda visita, allí les dijeron que no disponían de la documentación requerida, dado que se almacenaba en un archivo externo, comprometiéndose a remitir en cuatro semanas documentación sobre canteras, el libro mayor y detalle de cuentas de proveedores, declaraciones del IVA, reclamaciones de la UTE al Puerto y planes de seguimiento de las obras. El informe de la OLAF señala que "el 8 de agosto de 2012, la OLAF recibió de la UTE Dique Torres únicamente, en formato electrónico, una relación de las operaciones relativas a suministros de materiales durante el periodo 2005-2010. Hasta el presente, la UTE no ha suministrado la documentación solicitada en diferentes ocasiones".
La UTE lo niega en su escrito de personación, en el que indica que en la visita de los investigadores europeos "se puso naturalmente a disposición de los miembros de la OLAF toda la documentación existente que fue requerida a la UTE" y que la restante solicitada se remitió a la OLAF en soporte digital el 31 de julio de 2012 a través de Seur. Dique Torres adjunta en su escrito un CD que dice que es copia del remitido a la OLAF.
Hasta el momento han sido citados a declarar como investigados 18 directivos o miembros del comité de gerencia de Dique Torres, de los que 16 aún tienen que declarar. Estos 16 miembros del comité de gerencia han sido citados para el 23, 24 y 25 de febrero y el 1 de marzo. El día 23 acudirán Manuel Amaro Martínez Díaz, Javier Hidalgo González, Vicente Moscardó Basaras y Eloy Domínguez-Adame Bozzano. El 24 están citados Maximino Gorostiza Méndez, Ana Isabel Dizy Menéndez, Luis Sánchez del Río F. de Muniain y Andrés Alonso Quintanilla. El 25 será el turno para Moisés Santos Huertes, José Luis Saravia Centeno, Guillermo Castañedo Elizalde y José Avelino Castañón Morán. Estas declaraciones concluirán el 1 de marzo con Elena Yáguez García, José María López Piñol, Miguel Eguiagaray García y Jesús Fernando Pérez Velasco.
