La consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado, Pilar Varela, ratificó ayer ante los representantes del comité de empresa de Apta la negativa del gobierno regional a entrar en el accionariado del centro especial de empleo gijonés. Ilunion (el grupo empresarial de la ONCE) ha puesto como condición para su continuidad en Apta, que el Principado tome un participación en el centro de empleo, una petición en favor de la cual abogaron los representantes de UGT y CCOO ante el gobierno regional.

La situación de Apta es difícil. La empresa, que ocupa a 182 trabajadores, en su mayoría discapacitados psíquicos, lleva varios años acumulando pérdidas por la falta de carga de trabajo. La ONCE ha aportado, desde 2009, 13 millones de euros para sostener la empresa y también prevé dejar en caja otros 2,3 millones tras su salida. Por otro lado, Ilunion se ha hecho con la propiedad de las naves de Apta en Roces y el Piles y con los terrenos que rodean a esta última. Ilunion posee el 46% de Apta. El 54% es de la Asociación de Padres y Tutores de Alumnos del Sanatorio Marítimo, con nula capacidad económica.

Fuentes sindicales señalaron ayer que consideran positivas las ayudas que el Principado prevé dar, de forma indirecta, a Apta y al resto de centros especiales de empleo. El Principado va a aprobar una reserva de contratos para estos centros especiales y para empresas de inserción. Esa medida, que se preveía que fuera hoy al Consejo de Gobierno, irá en próximas semanas.

Las mismas fuentes consideran que la condición que pone Ilunion al Principado es sólo una excusa para justificar su marcha de Apta.