Un fiscal anticorrupción y la secretaria del Juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional encabezaron la batida de más de seis horas que tuvo lugar el pasado jueves en la sede de la Autoridad Portuaria de Gijón, de la que salieron con copias de documentos y CDs para aportar a la investigación abierta en la Audiencia Nacional por las supuestas irregularidades en la obra de ampliación de El Musel.
La juez que instruye el caso ha declarado secreto una parte del sumario, dentro de la que ordenó la visita del jueves a las oficinas del Puerto de una comisión integrada por el fiscal anticorrupción, la secretaria del Juzgado y por un técnico, quienes se presentaron en El Musel acompañados por varios agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Gijón, como apoyo.
La diligencia efectuada el jueves fue, formalmente, un requerimiento de información. En el caso de que los responsables portuarios no hubieran colaborado, se hubiera procedido a un registro para obtener esos documentos, según explican las fuentes consultadas.
La visita policial a la sede de El Musel fue uno de los asuntos que ayer se plantearon en la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. El presidente y el director del Puerto informaron a los consejeros de que la comisión judicial se interesó por facturas y documentación sobre el programa lúdico "A ver la ballena", que la Autoridad Portuaria organizó durante ocho veranos consecutivos mientras se ejecutaba la obra de ampliación. Esas actividades estaban patrocinadas por la UTE Dique Torres, que destinó cerca de un millón de euros a ese programa cultural.
Los directivos portuarios indicaron a los consejeros que ofrecieron a la comisión judicial y a los agentes que se llevaran la documentación relativa al expediente administrativo de la obra de ampliación, que por dos veces le había requerido el juez al Puerto. Los investigadores declinaron el ofrecimiento, instando al Puerto a remitir esa documentación al Juzgado. Fuentes portuarias justifican el que aún no se haya enviado lo requerido a la Audiencia Nacional por la necesidad de escanear esa documentación, que ocupa alrededor de un metro cúbico, lo que supone centenares de kilos de papel. Las mismas fuentes señalan que la juez ha dado una ampliación del plazo al Puerto para que le remita esa documentación.
En el caso de El Musel, la Audiencia Nacional investiga supuestas irregularidades en la contratación, ejecución y los sobrecostes de la obra portuaria, a raíz del informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Licitada en 499 millones de euros con 247,5 millones de subvenciones europeas, el Puerto ha pagado 708,7 millones, Dique Torres reclama otros 350 millones por vía judicial y la UE ha revocado todas las subvenciones concedidas.
Hasta el momento el juez ha citado a declarar como investigadas a 21 personas; dos exdirectivos portuarios, el exalcalde de Carreño y 18 representantes de la UTE Dique Torres o de las constructoras que la integran. De ellos, 16 directivos de las empresas aún no han pasado a declarar. Están citados para finales de febrero y principios de marzo. Las declaraciones estaban previstas inicialmente para los días 23, 24 y 25 de febrero y para el 1 de marzo. La juez ha trasladado al 3 de febrero las citaciones previstas para el 24 de marzo.
