La decisión del Tribunal Supremo de ratificar la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló hace año y medio la aprobación del anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Este de Gijón sólo deja al Ministerio de Medio Ambiente dos opciones, según Marcelino Abraira, el abogado de los vecinos de El Pisón que recurrieron la obra: "O abren una negociación para pagar indemnizaciones a los afectados por la depuradora o se olvidan de este emplazamiento". El Ayuntamiento ya anunció ayer su intención de hacer de "mediador" para intentar, en palabras del presidente de la Empresa Municipal de Aguas Esteban Aparicio, "que no se entierren 40 millones de euros de dinero público".

Abraira anunció que la ejecución de la sentencia se llevará a cabo en unos días. "El fallo es claro, hay que paralizar la construcción. El Pisón es el peor sitio en el que se podía situar la depuradora", explicó el abogado, admitiendo, no obstante, que el Ministerio de Medio Ambiente aún puede dar marcha atrás y presentar un estudio de impacto ambiental válido. "El problema es que no van a conseguir un informe en el que se diga que esa es la mejor ubicación porque no lo es. Además ahora habría que paralizar las obras durante cuatro o cinco años entre que se hacen todos los trámites y lo que hay construido habría que tirarlo todo", reflexionó Abraira insistiendo en que "por el momento no tenemos ninguna propuesta económica encima de la mesa".

Lo que parece claro, y lo admitió también Esteban Aparicio, es que ahora mismo "estamos en una situación de incertidumbre". El concejal de Seguridad Ciudadana aseguró que la administración del Estado -que aún no se ha pronunciado oficialmente y no lo hará hasta que sus servicios jurídicos "estudien la sentencia"-, no entiende que el fallo les obligue a la demolición de lo que se ha construido hasta la fecha. "Estamos intentando que las partes lleguen a una solución para no tirar el dinero de los ciudadanos y para evitar los problemas de medio ambiente que pueden surgir si no contamos con esa depuradora", contó Aparicio haciendo hincapié en que lo que a su juicio ha quedado demostrado a lo largo de este largo procedimiento judicial "es que los vecinos de El Pisón tenían razón".

Pero la del Tribunal Supremo no es la única batalla que queda por librar. El abogado de la plataforma de los vecinos asegura que aún queda pendiente un contencioso en la Unión Europea. El Parlamento comunitario tendrá que decidir si, con la sentencia del Supremo en la mano, se ha malgastado el dinero de los europeos en una obra que no se hizo como se debía. "No descarto que en un futuro pueda venir la Oficina Antifraude de la Unión Europea a pedir explicaciones de lo que se hizo aquí", aseguró Marcelino Abraira.

La noticia del varapalo judicial a la puesta en marcha de la Depuradora del Este también tuvo repercusiones políticas ayer en el Ayuntamiento. El concejal del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede, David Alonso, aprovechó lo sucedido para criticar que el concejo siga "sin realizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales". El edil tildó La Plantona como un "despropósito de obra" que comparó con la regasificadora. "Ante esto todos los partidos que ahora permanecen callados fueron los empecinados derrochadores de dinero público, olvidando, como es habitual, los preceptos técnicos", aseguró. Mariano Marín, del Partido Popular, señaló por su parte que la anulación de la obra se debe a que la motivación de localizar la depuradora en El Pisón era "insuficiente". Una circunstancia que, según él, ocurrió más veces cuando el PSOE gobernó en las tres administraciones -local, regional y estatal-, como es el caso de la nulidad del Plan General de Ordenación.

La decisión del Tribunal Supremo llega semanas después de que el Ayuntamiento de Gijón anunciara que la Depuradora del Este del concejo empezaría a funcionar en el primer trimestre de este año. Los constructores llevan trabajando en la zona desde el año 2012.