La reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal la ubicación de la Depuradora del Este, desestimando el recurso de casación interpuesto por la abogacía del Estado y ratificando la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, supone un hito en la histórica lucha vecinal contra la Administración del Estado.

Fueron necesarios más de veinte años para confirmar lo que, desde un principio, era evidente: la construcción de una depuradora junto a más de un centenar de viviendas suponía un atropello a los más elementales derechos humanos consagrados en la Constitución y amparados por las leyes.

Pero esta sentencia, que por esperada no produce menos alegría, no debe llevarnos al deseo de venganza ni mucho menos a hacer leña del árbol caído. Más bien, debe inducirnos a reflexionar para extraer conclusiones que eviten la repetición de hechos similares.

La primera de estas reflexiones es la necesidad de tener fe en la justicia. Y no lo digo desde la satisfacción que produce tener en las manos una sentencia firme y favorable. Los citados veinte años de lucha judicial acreditan la confianza que teníamos en la resolución final. Una vez más, ha quedado acreditado que la justicia española es lenta pero implacable.

La fe en la justicia ha de ir acompañada por una firme voluntad de no rendirse. Las innumerables trabas que el poder político de turno nos ponía en el camino invitaban a la retirada: descalificaciones permanentes, derogación de leyes que amparaban nuestros derechos, referencia a normas que nunca existieron, recursos contra todas y cada una de las sentencias perdedoras y el pago de costosísimos informes que para nada les sirvieron, son sólo una muestra de las múltiples dificultades que tuvimos que sufrir luchando contra un Leviatán administrativo que pretendía devorarnos.

No se puede obviar en estas reflexiones lo que siempre ha sido un clamor popular: la imperiosa necesidad de que los políticos tengan que asumir responsabilidades civiles cuando tomen decisiones manifiestamente prevaricadoras. Que los vecinos de El Pisón hemos sido utilizados como cebo electoral lo sabe hasta el más desinformado de los ciudadanos. El PSOE e IU deberían, cuando menos, pedir perdón y, de paso, depurar alguna responsabilidad?

En cualquier pleito de cierta complejidad es imprescindible tener una dirección letrada que esté a la altura de las circunstancias. La deslumbrante brillantez con que nuestro abogado, D. Marcelino Abraira, ha llevado este largo proceso merece nuestro eterno reconocimiento. Somos conscientes de que, hasta en periodos vacacionales, han pretendido colarle leyes que hubieran imposibilitado un resultado final satisfactorio pero, quien vive para el Derecho, nunca tiene vacaciones. Por sí solo, ha sido capaz de derrotar a la omnipotente abogacía del Estado.

Ahora comienzan a oírse voces lamentando lo ocurrido y buscando el acercamiento a los vecinos. Llegan demasiado tarde. Cuando otros estaban callados, nosotros, con toda humildad, veníamos avisando del despilfarro que se estaba realizando al destinar más de 51 millones de euros a una obra ilegal condenada a su demolición. De nada sirvieron nuestros razonados argumentos. ¡Cuántos recortes sociales se hubieran evitado con ese dinero!.

Seguramente la Unión Europea exigirá la devolución de las ayudas prestadas y multará al Estado como ha hecho con el injustificado sobrecoste de El Musel. Y, una vez más, los ciudadanos seremos los únicos paganos, mientras los auténticos responsables gozan de áureos retiros o se protegen con el aforamiento del Senado?

Como no dudo que estamos en un Estado de Derecho, a los gobiernos estatal y autonómico, sólo les queda cumplir la sentencia y punto. Ojalá, las nuevas decisiones que se tomen estén guiadas por el sentido común que, a tenor de lo visto hasta ahora, ha sido el menos común de los sentidos.