La Consejería de Sanidad del Principado ha dictado, en una resolución que sienta un novedoso precedente en la región, el cierre de una clínica de Gijón en la que se realizaban masajes deportivos, circulatorios y osteopatía sin acreditar la titulación sanitaria del profesional encargado. Se trata de la primera clausura de un negocio de masajes y tratamientos propios de profesionales sanitarios conseguida tras mediar una denuncia por intrusismo, según afirmó el Colegio de Fisioterapeutas del Principado, entidad que promovió la intervención de la Administración asturiana.

En la reclamación del Colegio ante la Consejería se informaba sobre la práctica de la actividad sanitaria y su publicidad en un local ubicado en una zona céntrica de Gijón y en un bajo comercial con presencia muy evidente. El servicio de inspección de la Consejería de Sanidad realizó una visita al local. Una vez llevada a cabo, se remitió un requerimiento de cese en el tratamiento de enfermedades o patologías mientras el denunciado no presentara la titulación que le acreditase como profesional sanitario. "El mismo denunciado ha enviado escrito de cese de actividad y retirada de la publicidad por lo que finalmente se ha archivado la denuncia", señala el Colegio de Fisioterapeutas.

Para el presidente del citado Colegio, Pedro López Díaz, "la Consejería de Sanidad ha dado un paso al frente en lo que se refiere a poner freno al intrusismo, y estamos encantados. Es un salto cualitativo respecto a lo que venía ocurriendo hasta ahora. Esperemos que marque un antes y un después en este tipo de intervenciones y lo que queremos es que suponga también un aviso a navegantes para que quien se expone a realizar una actividad para la que no está acreditado sepa que le puede suponer el cierre del negocio", indicó.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Asturias -que en su web tiene abierto un canal para los avisos anónimos sobre intrusismo- viene realizando, al año, en torno a las 50 denuncias por prácticas de profesionales no colegiados, lo que les convierte en una entidad muy activa contra "una lacra que es un mal endémico" en España.

Hasta ahora, la realidad es que esas denuncias que se hacían ante las autoridades regionales podían resolverse con una sanción por publicidad engañosa, pero apenas pasaban de ahí. "El afectado pagaba la multa, cambiaba sus carteles anunciadores o los hacía menos evidentes, pero seguía con la actividad. Pero no había denuncia por intrusismo, con lo cual para nosotros el logro era pequeño", explica Pedro López. En caso de producirse cierres esos solían llegar por vía judicial, tras la denuncia de algún cliente disconforme con el tratamiento. Lo que para el colegio era aún más frustrante "porque para entonces el mal ya está echo y repercutía en la salud de alguien".