La victoria de los vecinos de la colonia de El Pisón contra las obras de construcción de la depuradora ha significado un gran impulso para la lucha que, durante años, llevan protagonizando los residentes de la zona contra la instalación de grandes equipamientos de saneamiento junto a la urbanización. La sentencia del Tribunal Supremo que anula definitivamente el estudio de impacto ambiental y el anteproyecto que eligió esa ubicación para la depuradora llevará a los vecinos de El Pisón a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios por las obras de construcción de la misma.

Así lo acordaron esta semana en una reunión en la que, además, han fijado definitivamente su postura de que no aceptarán ningún tipo de compensación económica a cambio de que la depuradora, que se encontraba en la fase final de su construcción, se instale junto a la colonia de El Pisón pese a la sentencia en contra de esa ubicación. Desde el Ayuntamiento, el gobierno local había deslizado la posibilidad de que, para evitar que se desperdicien los 40 millones de euros de presupuesto de la obra, la Administración General del Estado, impulsora del equipamiento, tratase de llegar a un acuerdo con los vecinos de El Pisón para evitar la demolición de lo construido.

Ese acuerdo pasaría por pagar compensaciones económicas a los vecinos. Sin embargo, éstos cierran por completo la puerta a esta posibilidad y no quieren ofrecer otra salida a la administración que la demolición de la depuradora en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, contra la que ya no cabe recurso alguno. Así se lo harán conocer en un futuro a Esteban Aparicio, concejal del gobierno local de Foro y presidente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) que habló de la opción de compensar a los vecinos.

Pero, además de renunciar a posibles compensaciones económicas para evitar la demolición de la depuradora y de reclamar indemnizaciones por las molestias causadas por una obra cuyo anteproyecto ha sido anulado por el Tribunal Supremo, los vecinos de El Pisón pedirán tanto a la Unión Europea como la Fiscalía española que investiguen los hechos por si fuesen constitutivos de delito por parte de los representantes de la administración.

Marcelino Abraira, letrado que defiende los intereses de los vecinos de El Pisón, sostiene que la decisión de ubicar la depuradora en las inmediaciones de la urbanización de Somió podría responder a una decisión arbitraria e injusta por parte de la administración. Entiende, así, que podrían derivarse acciones penales.

Además, desde un primer momento los vecinos de El Pisón fueron transmitiendo a la Unión Europea todas las sentencias que fueron consiguiendo en contra de la depuradora, dado que su construcción contó con el apoyo de fondos comunitarios.