Cada vez le quedan menos opciones a la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, para culminar las obras de construcción de la estación depuradora de aguas residuales de la zona este, junto a la colonia de El Pisón. El Tribunal Supremo ya ha emitido la diligencia reclamando a la Audiencia Nacional que ordene la ejecución de la sentencia firme ganada por los vecinos de El Pisón que anulando el estudio de impacto ambiental y el anteproyecto de la depuradora, que eligió como ubicación la situada junto a la urbanización de Somió.

Así, la Audiencia Nacional, que falló en primera instancia a favor de los vecinos, deberá ordenar a la Administración General del Estado que ejecute la sentencia, ratificada ya en firme por el Supremo, en un plazo de diez días. Previsiblemente, cuando dicte la ejecución de dicha resolución, al Audiencia Nacional exigirá que se paralicen las obras, en coherencia con lo que ya dictó en su momento. Hace meses, cuando los vecinos reclamaron la ejecución provisional de la sentencia mientras el Supremo dirimía sobre el recurso contra ésta interpuesto por el Estado, la Audiencia Nacional ordenó precisamente que se detuviese la construcción.

Contra las diligencias practicadas por el Supremo cabe recurso de reposición, pero Marcelino Abraira, letrado que defiende los intereses de la comunidad de El Pisón, estima que no le serviría de nada al Ministerio de Medio Ambiente. "Es algo irrelevante porque se trata de una cuestión formal dado que la sentencia del Supremo que anula el anteproyecto de la obra es firme", argumenta.

En cualquier caso, habrá que esperar a la reacción de la Administración General del Estado y si ésta encuentra la forma de evitar que se entierre un inversión de más de 40 millones de euros. Sin embargo, en principio tienen pocas alternativas, dado que la comunidad de propietarios de El Pisón ya ha acordado rechazar cualquier tipo de compensación económica a cambio de que se mantenga la instalación de la depuradora junto a su urbanización. El cumplimiento de la sentencia les obligaría a retramitar toda la obra, así como su licitación, al ser su anteproyecto nulo de pleno derecho.