La Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, se ha visto obligada a delegar en una concejala socialista, Marina Pineda, las competencias propias de su cargo o de un teniente de Alcalde. La anómala situación tiene que ver con que será la firma de la edil del PSOE, y no la de ningún miembro del equipo de Gobierno, la que figure en el acuerdo que llevará al Ayuntamiento a defenderse en el juzgado del recurso interpuesto por la Alcaldía y todos los concejales de Foro contra un acuerdo del Pleno. En concreto, contra el acuerdo por el que se decidió eliminar las dietas que pueden cobrar los ediles con dedicación exclusiva o parcial por participar en consejos de adminitración de empresas municipales. El grupo de Foro, disconforme con esa decisión de limitar los ingresos adicionales de los ediles, ha optado por recurrir en los tribunales el acuerdo plenario que salió adelante a propuesta del PSOE y que fue admitida por el resto de la oposición. La situación creada -una Alcaldía y todo el equipo de gobierno yendo en contra de un acuerdo municipal, es decir donde los demandantes son a la vez los demandados- generó que el secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel de Diego, tuviera que analizar cómo afrontar "un caso de laboratorio". La solución final ha sido convertir en la máxima autoridad municipal por unos instantes a una concejala de la oposición.