Aún falta más de un año y un largo camino para que el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Gijón pase a tener la consideración de definitivo pero su aprobación inicial en el Pleno extraordinario del pasado martes ya tiene una primera consecuencia real para el día a día de la ciudad: la suspensión de licencias de parcelación de terrenos, de edificación y de demolición. Esta suspensión -impuesta por el artículo 239 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU)- afecta a "aquellas áreas del territorio objeto de planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente". La situación no es baladí si se tiene en cuenta que ahora mismo el urbanismo local se rige por el planeamiento de 1999 tras haber sido anulados en los tribunales los planes de 2005 y 2011.
El proceso de información pública del Plan, que se abrirá previsiblemente el lunes tras la publicación en el Boletín Oficial del Principado del acuerdo plenario, obliga a fijar las áreas afectadas por la suspensión de licencias. Los informes del área municipal de Urbanismo establecen un alcance de esta situación en cuatro ejes.
El primero tiene que ver con la suspensión de licencias de parcelación y edificación en suelos no urbanizables de núcleo rural que ahora se excluyen de los ámbitos de núcleos o agrupaciones rurales establecidos en el año 1999. El listado que acompaña esta suspensión contabiliza algo más de 560 parcelas integradas en 113 polígonos de actuación.
Además, y de manera específica, se marca la suspensión de las licencias de parcelación y edificación de los terrenos de la Tesorería de la Seguridad Social colindantes con el Intra, en el entorno de la milla del conocimiento. Es un espacio que en el nuevo planeamiento se fija como área de expansión del Parque Científico y Tecnológico. También se suspende la capacidad de dar licencias de cualquier uso distinto del de vivienda en plantas superiores a la primera "en los edificios de vivienda colectiva de todo el término municipal de Gijón".
Por otro lado, se suspende la tramitación de los instrumentos de planeamiento, gestión urbanística o urbanización procedentes del Plan de 1999 y que estén en suelo urbano no consolidado. Aquí se contabilizan 136 proyectos entre áreas de unidad de actuación y áreas de planeamiento propuesto. Se fija una excepción. Y así lo dice el Ayuntamiento: "La suspensión no afectará a aquellos proyectos que sean compatibles simultáneamente con la ordenación urbanística en vigor y con las modificaciones que introduce el documento de revisión del PGO aprobado inicialmente".
Las suspensiones de licencias por aprobación de planeamiento son de carácter preceptivo y el proceso se extingue una vez transcurridos dos años desde el acuerdo de aprobación inicial o con la aprobación definitiva del planeamiento. Lo que ocurra primero.
Un largo camino
Planos y listados que fijen las áreas afectadas por la suspensión de licencias deben incorporarse al proceso de información pública. Un proceso que en el caso del documento de aprobación inicial del PGO se prolonga por dos meses mientras que hay 45 días para el estudio ambiental estratégico. Este es el tiempo que tiene la ciudadanía para conocer el Plan y presentar sus alegaciones. El Ayuntamiento ha optado por favorecer la participación colgando el documento en la web municipal e instalando una oficina de atención en el Museo del Ferrocarril para que los vecinos puedan consultar sus dudas con técnicos municipales o miembros del equipo redactor.
De manera simultánea a la información pública el Ayuntamiento tiene que solicitar los informes sectoriales pertinentes a las administraciones competentes de cada área y dar trámite de audiencia a los ayuntamientos limítrofes: Carreño. Corvera, Llanera, Siero, Villaviciosa y Sariego. Una vez completado ese tramo del camino es el Pleno del Ayuntamiento de Gijón quien debe decidir sobre las alegaciones y estudios de cara a incorporar modificaciones al documento de partida. Ya modificado el texto debe ser enviado a la Consejería de Medio Ambiente y la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Tienen cuatro meses para emitir sus informes, y este es punto clave de la tramitación ya que, en el caso de la CUOTA, es un informe "preceptivo y vinculante en cuestiones de interés supramunicipal y de legalidad". Superadas todas esas trabas, el Ayuntamiento tiene otros cuatro meses para llegar al acuerdo plenario de aprobación definitiva.
