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Varapalo judicial a un proyecto que justificó la ampliación de El Musel

Enagás propone legalizar la regasificadora mientras Equo pedirá al Supremo su demolición

El operador gasista ya ha iniciado la tramitación de un nuevo expediente ante el Ministerio de Industria El Principado considera "lo más razonable" autorizar la planta

03.03.2016 | 09:28
Enagás propone legalizar la regasificadora mientras Equo pedirá al Supremo su demolición

Enagás -empresa que gestiona la red gasista de España y que es la propietaria de la regasificadora de El Musel- ya ha iniciado la tramitación ante el Ministerio de Industria de un expediente nuevo de la instalación portuaria para legalizarla después de que el Tribunal Supremo haya declarado nula la autorización para construirla, según indicó ayer un portavoz de la compañía. La legalización puede salvar la planta o puede acaba quedándose en un mero intento, si el Tribunal Supremo atiende la petición que le va a formular Equo para ejecutar la sentencia y demoler la regasificadora.

Esta instalación que se acabó de construir en 2012 y que nunca ha entrado en servicio fue uno de los proyectos que justificaron la obra de ampliación de El Musel. No era el único, pero sí el único tangible, dado que la planta de Enagás se levantó a la vez que se realizaban las obras portuarias. Ahora, una sentencia de Tribunal Supremo declara nula la autorización que el Ministerio de Industria dio para la construcción de la planta en 2008, al haberse construido a menos de dos kilómetros de un núcleo habitado, incumpliendo así el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), que ya había sido derogado, pero que estaba vigente cuando se había iniciado la tramitación del expediente, en mayo de 2006.

"La planta cumple las normas vigentes. El RAMINP se derogó en 2007, antes de que se iniciara su construcción. Confiamos en que esto se resuelva lo antes posible", apuntan desde Enagás. La empresa recuerda que cuando la regasificadora de El Musel se incluyó en la planificación, fue obligatorio para Enagás construirla.

La planta está cerrada y el Estado ha pagado a Enagás 125 millones, a los que se sumarán otros 26 este año, para los costes de mantenimiento y la amortización de la inversión de Enagás en su construcción, que ascendió a 382 millones de euros.

Enagás considera que la planta puede ser rentable para el sistema gasista si entra en servicio para el abastecimiento de gas natural licuado a buques que lo usen como combustible y para el almacenamiento de gas licuado que tenga como destino final otros países. Pero la ilegalización de la planta paraliza cualquier proyecto en ese sentido.

Para Ignacio González, representante de Equo, la regasificadora "es ilegal y vamos a pedir la demolición y que Enagás devuelva los 125 millones de euros que ha cobrado y que han ido a la factura del gas, porque al ser ilegal la obra es ilegal lo que cobró".

Enagás y el Ministerio tienen tres meses para presentar ante el Tribunal Supremo un incidente de no ejecución de la sentencia, pidiendo su legalización, algo que para Equo es "inaceptable, porque lo único que pretenden es seguir cobrando por una instalación que no va a entrar en funcionamiento nunca", añadió José Antonio Ballesteros, abogado del partido ecologista.

También son partidarios de la demolición Podemos y el grupo municipal de Xixón Sí Puede. Mario Suárez del Fueyo, señaló que "no tiene ninguna utilidad, ningún sentido y además es ilegal". Ambos grupos piden responsabilidades políticas al expresidente regional, Vicente Álvarez Areces y a la actual consejera de infraestructuras, Belén Fernández.

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