"Situaciones enquistadas y lacerantes como la del parque de carbones de Aboño han sido denunciadas en el ámbito político sin resultado. Si para que se haga cumplir la ley hay que exigir el auxilio de los tribunales, que se haga. Esa es la vía". Las palabras son de la abogada y edil del Grupo Municipal Popular Sofía Cosmen, que incluye la opción judicial entre las medidas a desarrollar desde el ámbito municipal para luchar contra los problemas de contaminación atmosférica que sufre la ciudad. Cosmen firma una proposición a debatir, y votar, en el próximo Pleno para que el Ayuntamiento imponga al Principado de Asturias que controle al máximo el cumplimiento que las industrias deben hacer de las condiciones que se les marcan en las autorizaciones ambientales integradas.

"Queremos que esas autorizaciones se cumplan de forma efectiva, que no sean papel mojado", explica Cosmen, para quien su iniciativa "no es un asunto político. Se trata de hacer lo necesario para proporcionar una calidad de vida mejor y que se termine una situación que mina la salud, la tranquilidad y la paciencia". La propuesta popular busca, para empezar, que el Pleno manifieste formalmente su rechazo "a la falta de control de la administración del Principado, en relación a las autorizaciones ambientales integradas del concejo de Gijón y, señaladamente, de todas las medidas relativas a los parques de carbones".

Pero sobre todo promueve que el gobierno forista presente "los recursos administrativos y jurisdiccionales que sean necesarios" para que el Principado ejerza sus labores de control e inspección. El PP ya presentó hace tiempo una iniciativa similar en el Ayuntamiento de Carreño. "Y todos votaron a favor", matizó la concejala gijonesa.

El debate plenario sobre la contaminación no se limitará a la propuesta del PP. Izquierda Unida también ha presentado una proposición que, en su caso, tiene como objetivo diseñar un proceso de máxima participación social durante la revisión de la ordenanza municipal de protección del medio ambiente atmosférico. La idea es constituir una mesa de trabajo con la participación de representantes de los seis grupos políticos del Ayuntamiento y de las entidades ciudadanas que han presentado alegaciones al borrador de la ordenanza. Estas entidades son la Plataforma contra la contaminación de Xixón y la federación vecinal de la zona rural "Les Caseríes".

"Esta ordenanza no puede responder sólo al consenso político sino al consenso político y social", explicó ayer el portavoz municipal Aurelio Martín al presentar la iniciativa junto a Luis Miguel Fernández Romero, integrante de esta plataforma que moviliza a una treintena de entidades de la ciudad. Entienden Martín y Romero que contar con quienes más se han significado en esta lucha por la defensa del medio ambiente gijonés garantiza que la ordenanza "sea mejor en su contenido y tenga legitimidad social".

Por otro lado, la asociación Facua-Consumidores en Acción comunicaba ayer que ha solicitado información a la Consejería de Medio Ambiente sobre las medidas tomadas contra las empresas del entorno portuario que generaron las nubes de carbón sobre la ciudad.